La concejala cavallerista María Fernanda Gigliani presentó un proyecto ante el Concejo Municipal para que se modifique un decreto del ex intendente Miguel Lifschitz por el cual se otorgan certificados urbanísticos por 180 días, que brindan un "paraguas" protector a las modificaciones posteriores en alturas máximas permitidas y otras exigencias. "Si bien estos documentos tuvieron una esencia informativa, hoy son una mercancía. Se transformaron en dinero, un plusvalor para la venta de terrenos", denunció Gigliani.
El certificado urbanístico, antes denominado "certificado de afectaciones" es un trámite que cualquier vecino puede concretar ante el municipio y en donde se le indica la normativa que rige sobre su inmueble y el terreno (alturas, restricciones, servidumbre de jardín y preservación patrimonial), además de establecerse lo que el Código Urbano y el reglamento de edificación marca en la zona.
En 2009, el ex intendente Miguel Lifschitz dictó un decreto que indica que quien obtiene este trámite goza de 180 días de vigencia, con derechos adquiridos, en caso de modificaciones que se pudieran realizar a posteriori en el Código Urbano.
"Para que se entienda con un ejemplo, —indicó Gigliani— el jueves que viene el Concejo aprobará los cordones perimetrales en Fisherton. Si alguien obtiene un certificado de construcción hoy, no importará que haya modificación de alturas porque estará cubiertocon la normativa vieja".
La edila recibió en su despacho, quejas e inquietudes de vecinos de Fisherton y Alberdi que denunciaron que en interior de los barrios, donde no se puede construir por arriba de los 10 metros, se están haciendo torres de departamentos. "Incluso algunos vecinos manifiestan que algunas inmobiliarias plantean tener certificados urbanísticos de determinados terrenos. Esto se transforma en dinero, en un plusvalor para la venta de terrenos", esgrimió la cavallerista.
Funcional. Así, para quien obtiene el certificado urbanístico en estos 180 días y presenta los permisos de demolición y edificación le vale la normativa previa con las alturas anteriores. "Estas modificaciones de Lifschitz fueron funcionales a la especulación inmobiliaria, porque les vinieron como anillo al dedo a los constructores. Hasta dudamos de la legalidad de este decreto, que tendría que haber pasado por el Concejo Municipal", disparó Gigliani.
La modificación al decreto establece que los certificados deberán contener datos catastrales del inmueble, empadronamiento y número del impuesto municipal (TGI).
La validez del certificado seguirá en 180 días, pero quien lo solicite deberá acreditar interés legítimo ya sea como propietario o profesional autorizado.
