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Denuncian que no hay fondos para asistir a víctimas de trata

Debate en la UNR. La ordenanza que garantiza la asistencia integral fue aprobada por unanimidad hace dos años, pero nunca se reglamentó.

Martes 17 de Marzo de 2015

Aprobada hace dos años, la ordenanza que garantiza la asistencia integral a las víctimas de trata de personas aún no fue reglamentada y los fondos destinados por el municipio para la asistencia médica, psicológica y jurídica de las mujeres, tal como indica la norma, "son inexistentes", advirtió la concejal radical María Eugenia Schmuck, autora de la iniciativa. Contrariamente, apuntó, cada vez son más las denuncias que se reciben y las investigaciones judiciales relacionadas con los delitos de explotación o facilitamiento de la prostitución.

La falta de recursos para asistir a las víctimas fue uno de los puntos de un panel sobre trata de personas que se desarrolló ayer en la Facultad de Derecho de la UNR. De la actividad participaron Graciela Sánchez, legisladora cordobesa, coautora de la ley provincial de lucha contra la trata y víctimas de explotación sexual y Alicia Peressutti, fundadora de la ONG Vínculos en Red, designada recientemente como asesora de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano, desde donde coordina el trabajo conjunto de organizaciones antitrata de personas.

Unas horas después y a sólo una cuadra del edificio de Derecho, un grupo de mujeres que ejercía la prostitución en dos prostíbulos allanados hace cuatro días en la zona de la Terminal de Omnibus, se manifestaba frente a la sede de la Gobernación para resistir la clausura de los espacios que, aseguran, gestionan en forma cooperativa (ver aparte).

Cuando los efectivos de la Dirección de Trata ingresaron en los locales encontraron a ocho mujeres, cinco dominicanas, dos argentinas y una paraguaya, todas mayores de edad. Y una mujer quedó detenida por explotación económica de la prostitución ajena y facilitamiento del ejercicio de la prostitución.

Peressutti es de la localidad de Villa María (Córdoba) y lleva unos 18 años batallando contra la trata de personas, "una de las formas de explotación más antiguas del mundo", sostiene.

Después de andar por más de una localidad de no más de 10 mil habitantes donde funciona una decena de prostíbulos y "todo el pueblo vive del dolor de las chicas", advirtió sobre la necesidad de poner en marcha dispositivos para afrontar la asistencia de las mujeres. "Podemos empapelar todo el país de leyes, pero si el Estado no pone presupuesto en la atención médica, psicológica y brinda garantías de seguridad para que las víctimas puedan declarar en la Justicia, estamos siempre en la misma", criticó.

Así, consideró que la explotación sexual se mantiene en cuatro patas: "un sistema político y judicial que mira para otro lado, una sociedad indiferente, una fuerza de seguridad enganchada en el negocio y, por supuesto, la existencia de clientes. Socialmente el castigo es más duro hacia las víctimas que hacia sus proxenetas y clientes", enfatizó.

La deuda. A nivel local, la ordenanza que crea el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas fue aprobada por unanimidad en diciembre de 2012. La iniciativa tiene como objetivo "garantizar la asistencia integral" y "contener la situación de emergencia social" que afecta a los damnificados por este delito.

Sin embargo, advirtió Schmuck, no está reglamentada, ni existe en el Instituto de la Mujer un presupuesto para afrontar la asistencia, que incluye la atención médica, psicológica y legal, el acompañamiento para tramitar documentación y el fomento de la incorporación de las víctimas a empleos formales o el desarrollo de algún emprendimiento.

"Desde el Instituto de la Mujer se realizan campañas de prevención y sensibilización sobre esta problemática, pero no tienen recursos para asistir a las víctimas", apuntó la concejala radical.

Mientras tanto, señaló, cada vez hay más denuncias y se verifican más casos de explotación sexual.

De acuerdo a estadísticas de la Dirección de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas de la provincia, durante 2014 se realizaron en Rosario unos veinte allanamientos en "privados", casi un tercio del total de los operativos que se realizaron en la provincia. Se identificaron 85 personas con indicios de ser víctimas de explotación sexual, entre ellas 13 menores.

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