Abogados de Jujuy denunciaron la demora y golpes a los que fue sometido un joven, en el marco de la investigación por las cuatro muertes producidas tras la ocupación y violento desalojo de un predio del Ingenio Ledesma, en la localidad jujeña de Libertador San Martín.

En tanto, otros dos hombres quedaron detenidos ayer acusados de participar en los incidentes de hace casi un mes.

La letrada Mariana Vargas repudió la demora del hijo de una dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) e indicó que "fue golpeado para que reconociera un arma".

Las detenciones fueron dispuestas por el juez de instrucción penal Jorge Samman, a cargo de la causa por "atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio".

La policía jujeña identificó a los detenidos como Mario Tapia, un remisero de 38 años que fue arrestado el viernes por la noche, y el joven Aldo Claros, quienes quedaron alojados en el penal de Villa Gorriti a disposición de la justicia, que al parecer tomará hoy su declaración.

Segovia, según la CCC, es amigo de Claros, hijo de una activista de esa agrupación, y fue detenido en la madrugada de ayer en Libertador San Martín pero antes del mediodía había sido liberado.

Vargas aseguró que "después de golpearlo lo obligaron a firmar algo que no pudo leer, al igual que Claros, que aún sigue detenido y lo acusan de las muertes que sucedieron durante el desalojo", acotó.

Operativo trágico. El 28 de julio, en el operativo policial ordenado por el juez Samman para sacar a ocupantes de un terreno de la empresa Ledesma, murieron baleados el policía Alejandro Farfán, de 22 años, y los manifestantes Juan Velázquez, de 37; Félix Reyes Pérez, de 21, y Aldo Farfán, de 17, sin parentesco con el agente.

La CCC volvió a reclamar el apartamiento de Samman del caso al señalar que "hace más de diez días que fue recusado con causa, por tener interés directo en la investigación de las cuatro muertes y más de medio centenar de heridos que arrojó la represión que él mismo ordenó". Cuestionan irregularidades en la causa, entre ellas que había "policías implicados llevando a cabo la investigación, balas que cambian de calibre desde la autopsia hasta los informes, balas custodiadas por los que tal vez las dispararon, antes de llegar a la Gendarmería".

Además, acusó al gobierno de Walter Barrionuevo de estar "implicado en la movilización de la fuerza, además de ser querellante, mientras se sigue investigando a las víctimas que sufrieron la represión y se detiene en calidad de testigo a personas a las que con torturas se les exige que reconozcan armas". (DyN)