Mientras se espera una resolución de la Corte Suprema a favor del Estado en el extenso litigio judicial por los codiciados terrenos fiscales de Puerto Norte, ubicados en avenida Francia entre Caseros y Junín, donde todavía se mantiene una villa cuyos habitantes esperan conocer su destino, ayer vecinos denunciaron amenazas y uso de armas de un grupo de personas ajenas a ese barrio para frustrar un relevamiento nacional que se está desarrollando en ese predio de 3,6 hectáreas.
Quienes todavía viven en esa zona del barrio Islas Malvinas, refirieron que con ese accionar los violentos pretenden complicar el relevamiento que les permitirá a los vecinos acceder a los beneficios de la ley nacional de barrios populares. La denuncia se realizó formalmente ante la dirección del Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, y aseguran que no es la primera vez que gente vinculada a abogados y empresarios que instigan este litigio judicial actúa de esta manera.
“Rajen ya de acá, sabemos quién los manda y los vamos a cagar a tiros”, fueron algunas de las angustiantes amenazas repetidas por el grupo que huyó con armas de fuego en sus manos cuando los vecinos llamaron a la policía. En ese escenario de enorme tensión y violencia, los vecinos adelantaron que hoy, a las 9, harán una presentación similar en el Centro de Justicia Penal.
Vale recordar que este histórico asentamiento, situado sobre terrenos públicos y que viene siendo objeto de una disputa judicial desde hace un largo tiempo, forma parte desde 2018 de la ley nacional 27.453 de barrios populares, identificado como el polígono “Refinería” (ID 1.755). Esa normativa otorga derechos a sus habitantes a través del Certificado de Vivienda Familiar, un documento que, sin ser una escritura, vincula a las familias con el sitio donde viven y les da derechos posesorios.
En ese marco, desde la coordinación provincial de Acceso a la Justicia de Santa Fe, se encargaron de remarcar que el Estado nacional viene realizando un relevamiento que censa familia por familia para poder emitir el certificado que les permite acceder a otros derechos, como fijar domicilio, solicitar servicios públicos o tramitar el programa “Mi pieza” para realizar mejoras en sus viviendas, ahora que tienen derecho sobre el suelo.
Estos operativos pretenden relevar y censar los 4.416 barrios de todo el país, y para eso el gobierno nacional firmó convenios con distintas organizaciones. En esta caso particular, el barrio Las Malvinas fue asignado a la ONG Techo, de reconocida trayectoria en temas de integración social y urbana.
De acuerdo al relato de los vecinos, cuando arribaron las relevadoras de Techo al barrio, acompañadas por un grupo de militantes de Ciudad Futura e identificadas con las pecheras de Ansés y las credenciales correspondientes, un grupo de violentos empezó a hostigarlas y amenazarlas.
Vale precisar que esta visita había sido previamente acordada con un grupo de vecinos que se habían reunido en asamblea para organizar el censo, por lo que los habitantes del lugar sostienen que los matones fueron enviados de forma premeditada con el objetivo de impedirlo.
A los gritos
“Acá nadie les va a contestar nada, tienen que rajar porque los vecinos ya le firmaron todo a los abogados, ustedes se tienen que ir ya”, gritaban esas personas que seguían a las censistas que intentaban hacer su trabajo.
“No son del barrio y siempre hacen lo mismo, cada vez que alguien quiere venir a ayudar ellos los amenazan. Estamos cansados de esto”, comentaron los vecinos que a pesar de que llamaron a la policía para que estas personas dejen de amenazar, no lograron evitar que se frustrara el censo.
En tanto, Gabriela Durruty, coordinadora provincial de Acceso a la Justicia de Santa Fe, destacó: “Estamos interviniendo de manera decidida. El nivel de impunidad y violencia con que se vulneran los derechos de los vecinos en Rosario es alarmante y hay que actuar rápido”, enfatizó Durruty.