Bigand.— La comuna y el Samco locales denunciaron ante el Consejo de la
Magistratura al juez nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 33, Horacio Liberty, por mal
desempeño de sus funciones en la causa por la sucesión de los bienes de la última heredera del
fundador del pueblo, María Mercedes Octavia Bigand. Los denunciantes advirtieron a través de un
escrito una serie de irregularidades y pidieron que, de comprobarse, "se proceda a la destitución
del magistrado o se dispongan las sanciones que correspondan".
La denuncia intenta demostrar que el juez habría beneficiado en detrimento de
los intereses de la comunidad bigandense a José María Alaimo, el albacea encargado de hacer cumplir
el testamento que dejó la anciana antes de fallecer a los 93 años en Buenos Aires.
La señorita Bigand, como la recuerdan en este pueblo, decidió que el producido
de sus tierras, unas 3.800 hectáreas que representan el 20 por ciento de la jurisdicción total del
distrito, sea destinado a la creación de una fundación para ser usada en obras de bien
especialmente en esta localidad.
"Migajas". Los beneficiarios de la ayuda, según consta en el testamento, son el
Hospital Samco, la escuela primaria, el hogar de ancianos y dos capillas, pero sólo recibieron
"migajas" desde que la fundación Honorio Bigand comenzó a funcionar en Buenos Aires. La situación
no sólo generó malestar en esta comunidad sino que potenció las sospechas que giran en torno al
"oscuro" manejo de los fondos que administra la institución que también integra Alaimo.
Cuando la comuna intentó hace un tiempo ser parte del expediente sucesorio a fin
de seguir de cerca su avance, el juez le denegó tal posibilidad y fijó a favor de Alaimo, por su
actuación en el incidente, 145.200 pesos más IVA, aunque la decisión fue apelada por improcedente y
finalmente la suma fue rebajada a 3.600 pesos, cuarenta veces menos de lo que había regulado
Liberti inicialmente.
"Esto trajo como consecuencia que las distintas instituciones del pueblo que
quisieran intervenir en la sucesión fueran amedrentadas y desistieron de hacerlo", explicaron en la
denuncia remitida al Consejo de la Magistratura el jefe comunal Patricio Erceg y el presidente del
Samco, Ricieri Scaglione.
Asimismo los denunciantes consignaron que Liberti reguló honorarios a favor del
albacea por casi 22 millones de pesos más IVA en noviembre de 2008 y por otros 2.950.000 pesos más
IVA en julio del año pasado. En el escrito se aclara que "ninguna de estas regulaciones fueron
apeladas por la fundación, que también integra el albacea, ni se le ha corrido traslado de oficio
ni como medida de mejor proveer a ningún organismo de contralor".
Tierras. Erceg y Scaglione denunciaron además que el juez autorizó que Alaimo
cobre parte de los honorarios fijados —poco más de 10 millones de pesos— con una
fracción de campo de 810 hectáreas. La hectárea fue valuada en 3.444 dólares (12.400 pesos), "un
costo muy por debajo del valor de mercado ya que en nuestra zona una hectárea ronda los 15 mil
dólares", explicaron.
En esa misma línea recordaron que cuando la comuna procedió a la expropiación de
17 hectáreas de campo, que pertenecían a Bigand, para ser destinadas a la construcción del parque
industrial "tanto la fundación como el albacea aportaron tasaciones que rondan los 11 mil dólares
la hectáreas", como consta en el expediente. "Ese valor que pretendían es tres veces superior al
monto que cotizaron, por hectárea, el predio rural con que Alaimo cobró parte de sus honorarios",
remarcaron Erceg y Scaglione.
"De similar forma —añade el texto de la denuncia— ocurrió con un
valioso inmueble, sito en Arenales 1882 —en Capital Federal— que también formaba parte
del acervo sucesorio y que fuera entregado en parte de pago a Alaimo por 1.023.000 pesos y sus
muebles por el 10 por ciento del valor real. Todo ello se realizó mientras el juez tenía a la vista
todos los elementos ut supra descriptos y necesarios para fijar valor sin que tomara ni mandara a
tomar intervención para desbaratar esta maniobra", remataron los abogados.
