Cañada de Gómez.— El municipio de esta ciudad deberá reconstruir una casa de similares características a la que demolió en septiembre del año pasado, por un supuesto riesgo de derrumbe. Lo hará en el marco de un acuerdo extrajudicial con el propietario del inmueble, René Puntano, aunque resta el aval del Concejo.
De todas maneras, Puntano quedó conforme con las cláusulas del convenio, según indicó su abogado, Norberto Olivares. Así lo indica uno de los puntos del acuerdo, en el que se expresa que el propietario (que estaba con un problema de salud y alojado en la casa de un familiar en el momento de la demolición) "queda conforme sobre la base de sus pretensiones y que una vez ejecutada nada más tendrá que reclamarle en el futuro a la Municipalidad por ningún concepto en lo civil, ni penal, ni por daños o perjuicios".
La casa a edificar tendrá un estar-comedor amplio, un baño y dos dormitorios. Deberá construirse en el mismo lugar donde se derrumbó, y en un plazo de cinco meses. Los fondos serán afectados del presupuesto y el asesoramiento profesional también estará a cargo del personal municipal.
El terreno donde levantará la casa esta ubicado en calle San Lorenzo 202, a escasos metros del acceso a la autopista. Las tareas a realizar (explicitadas en el convenio) serán de demarcación del terreno, terraplenamiento, compactación y ejecución de la obra.
"Todas las tareas de construcción estarán bajo la dirección y supervisión de profesionales designados por la Municipalidad, los que cuentan con la habilitación colegial vigente para tales fines", indica además el convenio celebrado entre las partes.
Polémica. El caso tuvo repercusión en septiembre del año pasado cuando la casa de Puntano fue derruida por una topadora municipal luego de que las autoridades decretaran "su mal estado edilicio", y consideraran que se estaba ante un supuesto caso de usurpación, lo cual fue negado por los familiares.
En tanto, los vecinos armaron un piquete en el acceso de Pringles hacia la autopista para protestar por la acción.
El juez en lo Correccional, Jesús Rizzardi, inició un expediente para determinar si el municipio estaba en condiciones de actuar de tal manera. También ordenó una investigación para establecer si se cometió un abuso de poder al demoler una precaria vivienda ubicada a la vera del acceso a la autopista que une las ciudades de Rosario con Córdoba.
Desde el municipio se indicó que se cumplió con una ordenanza aprobada en 2001 que lo faculta a este tipo de acciones siempre y cuando haya un riesgo para terceros. Y en este caso, la decisión de demoler la casa de Puntano fue avalada por el técnico del área de Obras Públicas, Osvaldo Testaseca, quien dijo que el inmueble estaba a punto de desplomarse e indicó que de nada serviría un apuntalamiento, dado su mal estado.
"Los hierros de los techos estaban a la vista y la estructura en cualquier momento se iba a desplomar. Además fue una casa muy arruinada por la última inundación", fundamentó Testaseca.
Por su parte, la familia de Puntano acreditaron con documentos la propiedad del terreno donde se edificó la casa, entre ellos, un boleto de compra-venta, una factura del servicio de agua a nombre de Puntano y una factura de la tasa general de inmuebles urbanos.