Demandan conexiones en Coronel Domínguez

Un numeroso grupo de vecinos pide desde hace años que la EPE atienda su necesidad de contar con suministro eléctrico en terrenos que adquirieron en la zona urbana de Coronel Domínguez. El caso, que desde las primeras solicitudes gestionadas en oficinas de la compañía de energía requirió muchas reuniones entre las partes, llegó a un punto inerte cuando la EPE interpretó que los demandantes del servicio compraron terrenos de un emprendimiento de loteo. Por ello, los administradores de la empresa sostienen que la gestión e instalación de los servicios debe correr por cuenta de los vendedores de los terrenos.

Desde la comuna, que intervino en los encuentros en los que se intentó destrabar el conflicto, se mostraron dispuestos a colaborar para resolver la situación con el aporte de la mano de obra, pero no pueden solventar el monto que la EPE presupuestó para instalar el tendido de cables para dotar de energía a esos terrenos. La suma de esas tareas, que incluyen la instalación de un transformador y el tendido de cable preensamblado, alcanzaría a unos 800 mil pesos.

Uno de los vecinos decidió consultar con un estudio de abogados para que se evaluara la situación ya que consideró injusto que, luego de adquirir un terreno con la promesa del vendedor de que no existirían inconvenientes a la hora de solicitar los servicios, no pueda contar con energía eléctrica.

"Lo más grave del caso es que a pocos metros de las viviendas hay casas que tienen el servicio y se entiende que la compañía está obligada a extender el cableado", dijo a La Capital la abogada Andrea Vega, quien junto a un colega patrocinan a un grupo de los 190 vecinos afectados y están abocados por ahora a hallar una solución extrajudicial al tema.

En una reunión la empresa informó que los terrenos estaban bajo el régimen de loteo y que debían enfrentar toda la inversión del proyecto del tendido. Hicieron hincapié en que los responsables directos eran los loteadores. Mediante un primer convenio se sugirió la posibilidad de repartir la responsabilidad entre loteadores, comuna y vecinos.

La suma resultó exorbitante a la vista de los vecinos y para el loteador. Por su parte la comuna dijo que podía ayudar con algo pero no mucho porque no contaban con recursos suficientes.

Ante la negativa de la EPE, los abogados consideraron que "el manejo de necesidades terminó con el ánimo de llegar a un acuerdo de parte de los vecinos. Predominan sentimientos de impotencia, discriminación, falta de ética, y manoseo a su vida, porque se pone en juego el futuro de varias familias. Más sabiendo las autoridades intervinientes que dos de los vecinos son beneficiarios del crédito Procrear, sistema que exige tener los servicios públicos indispensables para la vivienda y sin ellos perderán el beneficio".