Un ex fiscal de Cámaras de Rosario se sumó al entredicho desatado entre el ministro de Justicia Héctor Superti y el procurador de la Corte Agustín Basso. Superti le había recriminado no intervenir más activamente en causas abiertas por casos de corrupción policial, a lo que Bassó contestó imputando al ministro desconocimiento de las competencias de las distintas esferas del Estado y deslindando responsabilidades en investigaciones de ese tipo.
  Ahora el que intervino fue José María Peña para cuestionar a Bassó, que es jefe de los fiscales de la provincia. “El procurador no solamente tiene todas las facultades para investigar casos públicos de corrupción policial: también tiene la obligación de hacerlo. Si toma conocimiento de un hecho público, por ejemplo una denuncia como la que hizo el oficial Raffo en febrero sobre cajas negras, tiene tanta obligación como el fiscal de turno y de cámara de intervenir en la instrucción”, dijo el ex funcionario judicial, que se jubiló en abril pasado tras 39 años en el Poder Judicial.
  Bassó había atribuido a Superti “desconocer las competencias de las distintas esferas del gobierno en relación al control del delito, y pretender inmiscuirse en atribuciones que les son propias a otros poderes”. Superti había cuestionado a Bassó por no responder una carta del Poder Ejecutivo en la que se requería colaboración para establecer un control más férreo sobre las investigaciones de delitos de corrupción policial.

El pasado. Peña contrastó, además, una antigua declaración de Bassó, en la que el procurador planteaba que siempre se había ocupado de inspeccionar el estado de presos en cumplimiento de lo que le imponían sus cargos en la Justicia. Según Peña, en 1980 a Bassó le iniciaron un sumario cuando era juez de Sentencia en Melincué por no acudir a visitas de detenidos, en tiempos en que el procurador era Alberto Juan Iturralde.
  “No tiene fundamento que el procurador diga que se inmiscuyen mal en sus asuntos si le piden que colabore con la investigación de causas de corrupción policial. En realidad tiene que hacerlo. Tiene que darles prioridad a las causas que, como esta, tienen gran trascendencia pública. Existe una directiva al respecto, la circular 70, emitida por la propia Procuración de la Corte”, dijo Peña.
  El año pasado, a poco de su designación, Bassó había impuesto una sanción disciplinaria a Peña, debido a unos comentarios públicos realizados por el fiscal superior rosarino en ocasión de un accidente múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires, que el procurador consideró precipitadas e inconvenientes. Ya retirado, Peña no disimuló ahora su contrariedad por aquel sumario que, según dijo, Bassó resolvió elevar a la Corte “sin notificarme ni darme la posibilidad de un descargo”.
  Bassó y Superti se enfrentaron la semana pasada en un debate que puso de manifiesto un claro alejamiento entre ambos y que expone no sólo enfoques técnicos distintos sino, claramente, políticos.