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Delito juvenil en Santa Lucía, el síntoma que asoma en un terreno social quebradizo

Bajo un reciente operativo con 10 detenidos, en ese barrio rosarino se palpita una violencia entre grupos que pone en riesgo y mortifica a los vecinos.

Lunes 21 de Julio de 2014

Tras 15 allanamientos que hace dos semanas terminaron con diez detenciones en el barrio Santa Lucía palpita un conflicto profundo entre dos grupos que confrontan desde hace años por el control de ese sector empobrecido de la zona oeste rosarina. Esa disputa, característica de zonas fragmentadas, es un laboratorio para el estudio de la violencia social de Rosario: involucra a personas que con el propósito de imponer su predominio despliega en el mismo territorio donde vive una violencia vecinal que va más allá de los dos bandos, implicando en las acciones a personas jóvenes y generando en el barrio la sensación de estar aislados en un permanente peligro. Un riesgo que se vive con desaliento dado que lo más peligroso, para los vecinos, es denunciar lo que pasa.

Las conductas atribuidas a los grupos que fueron allanados son un arraigado problema comunitario. Acciones como cobro de peaje a los vecinos para poder circular, usurpación de viviendas, violencia física contra personas o despojos y arrebatos aquejan a esta vecindad modesta enclavada en la zona de Circunvalación y Cerrito. Un fenómeno que avanzó ante la degradación de este barrio levantado a fines de los 90, la falta de proyecto de vida de sus chicos y una impunidad consolidada para las acciones violentas.

Denuncias cruzadas. La situación que derivó en los operativos policiales es algo paradójica porque provino de las denuncias cruzadas de dos sectores que están enfrentadas y que terminarían con personas de sus entornos detenidas.

Cuatro fiscales de la Unidad de Investigación de Rosario —Fernando Rodrigo, María Angeles Lagar, Verónica Caíni y Fernando Dalmau— empezaron a analizar las acusaciones, que eran básicamente idénticas. Una familia de apellido Sosa denunciaba a otro grupo de apellido Arriola. Referían que eran hostigados, que les baleaban los frentes de sus viviendas o a sus allegados en la calle, que padecían extorsiones o abusos de armas. Los Arriola acusaban a los Sosa de lo mismo.

La tensión entre las familias era tal que los fiscales que intervenían en los casos se preocupaban de evitar que sus miembros se cruzaran en los trámites de denuncia en la sede del Ministerio Público de la Acusación. Una pesquisa del terreno de la Policía de Investigaciones (PDI) bajo el control de los fiscales permitió establecer la organización de los grupos familiares, sus conexiones y domicilios.

Allanamientos. El pasado viernes 3 de julio un grupo de irrupción integrado por setenta efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) protagonizó los 15 allanamientos: ocho en domicilios vinculados a la familia Arriola y siete en viviendas allegadas a los Sosa, con "resultados positivos en ambos casos", dijo un fiscal.

Las acciones se desplegaron en una cuadrícula delimitada por Circunvalación, Estudiante Aguilar, Martín Fierro y Colombres. Durante 20 días se habían realizado filmaciones, seguimientos y tomas de fotografías. Los ingresos a los domicilios fueron a la madrugada para evitar reacciones violentas en la calle. Hubo diez detenidos, dos de ellos adolescentes. Se hallaron cuatro armas de fuego sin registrar. Tras audiencias imputativas, tres personas quedaron con prisión preventiva durante un mes: un miembro de la familia Sosa y dos mujeres de la familia Arriola, ellas con arresto domiciliario.

De todo. En el momento los allanamientos el jefe de la TOE, Adrián Forni, señaló: "Se puede decir que integran al menos dos bandas que se enfrentan por cuestiones territoriales y que cometen delitos de toda índole, incluso el cobro de peaje y la asistencia como soldaditos de algunos búnkers de venta de drogas".

El fiscal Rodrigo advierte que estos hechos delictivos afloran en un terreno social quebradizo. "Parece haber una combinación de hechos criminales con una violencia social de causas profundas. Es una disputa muy focalizada en dos grupos pero que repercute en todo el vecindario". El efecto es que se crean escenarios de miedo lo que es un derivado de años de impunidad. "Fue imposible conseguir que alguien nos saliera de testigo".

Referir cualquier acción de personas que durante mucho tiempo actuaron sin freno es un costo que nadie quiere pagar en un escenario donde la violencia produjo sucesos inhabituales, como la suspensión de las clases durante dos días en la Escuela Nº 1.387 por las amenazas de los grupos armados que impedía a los chicos llegar al establecimiento.

"Vivimos presos". Esa situación ocurrió en septiembre de 2011, cuando la escuela tenía 280 alumnos en la primaria, hijos de familias con difíciles condiciones materiales. "En toda la escuela conozco sólo un padre con trabajo en blanco", decía entonces a este diario la directora Liliana Zulaica.

"La policía está para protegernos pero hace años que hace la vista gorda y no toma las denuncias. Uno escucha tiros y se tiene que meter adentro, vivimos presos. ¡Y con un simple allanamiento hallarían las armas!", decía en febrero una vecina, tras la publicación de un a nota que refería que un chico de 17 años llamado Ezequiel fuera baleado a sólo ocho horas de que su madre acudiera a Tribunales a pedir una protección policial para él en el juzgado de Instrucción Nº 9. Y hacía esto porque había sido baleado dos veces en 20 días por un mismo atacante.

Esas acciones se atribuyeron a un grupo llamado "Los Cachones", en homenaje a un chico apodado "Cachón" acusado de varios atentados a tiros, algunos fatales, él mismo asesinado en 2008. De los incidentes que se producen en escalada desde 2010 LaCapital se ocupó reiteradamente. En abril pasado una serie de operativos encabezados por el asesinado comisario Guillermo Morgans detuvo a varios de los presuntos miembros de Los Cachones.

El operativo de hace 15 días es el segundo en esta dirección. "Pero es la primera vez que a partir de una investigación meticulosa se establece la composición de los grupos", dijo el fiscal Rodrigo, sobre un problema donde la violencia delictiva aflora apenas como la punta del iceberg.

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