Delegados del Pami denuncian persecución gremial y discriminación

La Justicia federal ordenó al Pami Rosario la restitución de los puestos de trabajo de tres empleados separados de sus funciones por una resolución administrativa de junio pasado. Los trabajadores son delegados de la Unión de Trabajadores de Institutos de Servicios Sociales (UTI) y denunciaron discriminación y persecución gremial, mientras que el Pami desobedece la orden judicial. En tanto, uno de los damnificados demandó a tres directivos por amenazas y se pidió la intervención al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
  El pasado 5 de junio, en virtud de la resolución 0783/09, tres trabajadores del Pami fueron desplazados de sus funciones habituales: Norma Tosoni, jefa de instrumentadores quirúrgicos desde 2006; Daniel Helmbold, subjefe de la intendencia del Pami I desde diciembre de 2008, y Alejandro Goroso, jefe de recursos humanos del Policlínico Pami I desde 2005.
  A los tres se les ordenó dejar sus puestos y se los limitó a marcar tarjetas sin asignación de tareas específicas. Los empleados denunciaron violación a la ley de libertad sindical, ya que son delegados de UTI desde 2007.

Amparos. Por entender que se afectaban sus derechos, los trabajadores promovieron acciones de amparo contra el Pami por actos discriminatorios y de persecución gremial en virtud de su militancia. Asimismo, pidieron la nulidad de la resolución y una indemnización por daño moral y material.
  El juez federal Nº1 de Rosario, Héctor Zucchi, entendió que la demanda era pertinente y el pasado 30 junio ordenó al Pami la inmediata restitución de los tres puestos de trabajo. Sin embargo, hasta ahora la obra social desobedeció la orden judicial.

Juicio penal. Por otra parte, a raíz de las persecuciones, Goroso presentó una demanda penal contra Florencia Teuly, gerenta de recursos humanos del Pami; Luciano Di Cesare, director ejecutivo, y Dante Gianonne, director del Pami I.
  El trabajador hizo alusión a un “permanente hostigamiento” para que se afiliara a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), porque “de lo contrario sería sumariado”.
  A su vez, los asesores legales de UTI solicitaron la intervención del Inadi ante lo que consideran un acto de discriminación.