Una resolución adoptada por el jefe del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Gabriel Ganón, dispone que los abogados del organismo queden exceptuados de defender a empleados policiales en los hechos en los cuales se los impute o procese por actos cometidos en ejercicio de sus funciones. Para los casos en que estén interviniendo en situaciones de esta clase, los defensores, de acuerdo a la instrucción, deberán intimar a la asesoría letrada de la policía de Santa Fe para que tome las medidas que garanticen, ya desde esa repartición, la representación del personal uniformado acusado.
Los abogados que trabajan como defensores públicos de la provincia, en virtud de esta disposición, no podrán en el futuro representar a personal que también son empleados públicos. Los argumentos de Ganón para tal decisión son variados. Van desde la selección de prioridad en el tipo de servicio a privilegiar hasta evitar dispendios innecesarios en la Defensa Provincial cuando existen otras dependencias de la propia estructura policial, según postula, que ofrecen a policías acusados asesoramiento legal en los procesos penales.
El caso promete desatar discordancias. El Ministerio Público de la Defensa es sostenido por todos los contribuyentes —también los policías— que en virtud de esta resolución quedan sin la cobertura jurídica de parte de la repartición. En situaciones en donde en virtud de la ley vigente, estén acusados o imputados, se les presume inocencia.
Ganón alude a que el Servicio de Defensa trabaja con la meta de implementar mecanismos de prevención y control de la violencia institucional en especial por actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Esa tarea demanda, dice el defensor provincial, personal con dedicación exclusiva, a fin de suplir la falta del funcionario que debe ocupar la secretaría específica, que ya concursó exitosamente pero no fue nombrado por el Poder Ejecutivo.
El contraste. El defensor provincial señala que en todo el territorio santafesino se presentan muchos casos de violencia institucional cuyos denunciantes solicitan amparo de defensores públicos. Pero que "paradójicamente" existen requerimientos de empleados policiales hacia los mismos EM_DASHes decir asistencia letrada gratuitaEM_DASH como consecuencia de ser imputados por delitos que se denuncian cometidos en funciones. Y que estos actos "pueden significar violaciones a derechos humanos fundamentales" de otras personas.
Frente a esto, los defensores regionales de Rosario y Rafaela ya pidieron a las Jefaturas policiales de ambas localidades que informen si cuentan con asesor letrado y cuáles son sus funciones. En especial demandaron que se informe si tal asesor tiene facultades para ejercer la defensa del personal policial en caso de ser imputados en delitos. Ganón señala que el artículo 32 de la Ley Organica de Policía dispone que la asesoría letrada debe intervenir en la defensa de personal que fuera objeto de acusaciones y sospechas por actos ocurridos con motivo del servicio. Algo que se refuerza con lo dispuesto específicamente por el reglamento interno de la asesoría letrada.
Hacia el final de la disposición Ganón resalta que más allá de interpretaciones, en tanto existan las asesorías letradas de las unidades regionales de policía "resulta a todas luces indiscutible que la voluntad del legislador y del propio Poder Ejecutivo ha sido la de que el personal policial cuente con un servicio especial de defensa en el marco de los procesos penales dentro de su propia estructura", con los fines de brindarle mayor protección.
Frente a ello, sostiene el funcionario firmante, "resulta también indispensable evitar dispendios innecesarios de los diferentes y escasos recursos humanos y presupuestarios" con los que cuenta el Servicio de Defensa Pública. La prioridad, sostiene Ganón, deben tenerla aquellos que, a diferencia de los empleados policiales, no tienen otra posibilidad de cobertura legal.
Denuncia de tortura. Ganón recuerda además que desde el 1º de noviembre de 2013 hasta el 15 de diciembre de 2014 un registro provincial de la repartición a su cargo consignan 328 casos de tortura o abuso policial. Y que de ellos 278 involucran a policías de la provincia.
