"Debemos garantizar que se cumpla lo aprobado"

Si tenemos en cuenta lo ocurrido con la ejecución de los distintos presupuestos en los últimos años, es imposible creer que el gobierno provincial vaya a cumplir con las bondades y promesas que se anunciaron al momento de enviar el presupuesto 2015 a la Legislatura.

Pese a lo anunciado repetidamente por el relato oficial, en los últimos años nunca se ejecutó el nivel de inversión y obras prometido a pesar del excelente comportamiento de la recaudación; siempre hubo déficit en lugar de superávit y como contrapartida, nunca se restituyó el fondo anticíclico. Al mismo tiempo, se siguió aumentando el costo de la masa salarial por encima de las políticas salariales y de la propia inflación, como consecuencia del descontrolado ingreso de personal al Estado. En cada presupuesto se ejecutó el gasto de funcionamiento por encima del presupuesto y siempre siguió aumentando la deuda flotante del tesoro provincial.

El análisis de la ejecución de los principales rubros presupuestarios en la gestión socialista, echan por tierra la esperanza de que los anuncios realizados en estos días puedan hacerse realidad. Los recursos se ejecutaron en promedio durante el periodo 2008 - 2013 en un 109 por ciento respecto del cálculo inicial, el gasto destinado a la masa salarial un 119 por ciento respecto de los créditos iniciales, no por aumento legítimo y justo de los sueldos, sino por el incremento exponencial de la planta de personal.

Asimismo, los gastos de funcionamiento alcanzaron un 115 por ciento y en conjunto los gastos corrientes un 120 por ciento. Por el contrario, los créditos destinados a la inversión se ejecutaron en promedio en un 63 por ciento en todo el periodo señalado, mientras que los créditos específicamente destinados a atender la obra pública apenas alcanzaron una ejecución del 44 por ciento.

En este sentido, es simple observar por lo señalado que a pesar de haberse obtenido una mayor recaudación sobre los cálculos iniciales contenidos en los respectivos presupuestos aprobados, los gastos corrientes —especialmente los derivados por el incesante aumento de personal y del descontrolado funcionamiento burocrático y político del estado provincial— se ejecutaron porcentualmente muy por encima de la mayor recaudación obtenida en cada período, quedando la inversión pública y particularmente la obra pública, como la variable de ajuste del desequilibrio señalado. No hay entonces ninguna señal ni en el presupuesto ni en las declaraciones de los funcionarios, que permita pensar que esta situación no se va a volver a repetir el año que viene.

Está claro, y coincido en ello con (Angel) Sciara, que el desafío de la administración radica en la ejecución día a día del presupuesto, pero el ministro de Economía parece olvidar que para eso está él y su amplio plantel de funcionarios y asesores que lo acompañan en su gestión. Son ellos los encargados de gestionar que los presupuestos se cumplan en beneficio de la ciudadanía y del mejoramiento de la calidad de vida.

Lo hecho hasta ahora demuestra que, a pesar de recaudaciones excepcionales que ha obtenido el Estado en los últimos años, la administración del Ministerio de Economía ha sido poco responsable y es hora, en consecuencia, que la propia ley de presupuesto contenga mecanismos que le impida caer en la tentación de gastar como quiera y siempre en detrimento de las obras y servicios públicos, que en la provincia están cada vez más lentificada.

Es necesario entonces que el presupuesto 2015 fije mecanismos técnico-presupuestarios que garanticen la ejecución estricta de las estimaciones volcadas en el mismo. En tal sentido si la propia provincia ha efectuado una estimación de la inflación esperada, es saludable que el proyecto contenga los créditos adicionales o contingentes que permitan atender las políticas salariales que conforme a esa inflación podrán concretarse, que paralelamente se establezca un mecanismo presupuestario y financiero de reconstitución gradual del Fondo Anticíclico, y se prevea la constitución de un fondo de obras públicas con financiamiento de Rentas Generales acorde a la evolución de la recaudación, para garantizar la estricta ejecución del plan de obras previsto para el año; reforzado con la imposibilidad de gastar en gastos corrientes aquellos recursos afectados a la inversión pública en obras y equipamiento.

Estas son algunas de las medidas que a modo de ejemplo deben necesariamente incluirse en la ley de presupuesto, si verdaderamente se pretende cambiar el rumbo de la administración financiera provincial, las cuales deberán acompañarse de otras medidas que terminen con el injustificado incremento del gasto corriente y restituyan el nivel de inversión necesario para esta provincia.