A una semana de la creación de una comisión para investigar las concesiones de espacios públicos realizadas en los últimos años por el municipio, los ediles tienen a su consideración una iniciativa para volver a intervenir en este tipo de procesos. El proyecto ingresó a la comisión de Gobierno del Concejo y se perfila como tema de fondo ya que la lupa sobre presuntas irregularidades dividió aguas en el Palacio Vasallo y activó, por segunda vez, una mayoría táctica del arco opositor que desvela al oficialismo. La propuesta reformula las vinculaciones entre privados y la Intendencia y revierte el rol de convidado de piedra que, desde 2005, tiene el cuerpo legislativo respecto del tema.
"El proyecto busca retomar la facultad que siempre tuvo el Concejo para la aprobación de las licitaciones", explicaron los ediles del Frente para la Victoria (FpV) Norma López y Roberto Sukerman, autores de la iniciativa que en los próximos días buscará sumar adhesiones.
La diligencia no sería compleja ya que fue, justamente, ese núcleo duro el que el jueves pasado dio origen a la comisión investigadora de las concesiones, con trece votos a favor y siete abstenciones del oficialismo.
La iniciativa tiene un amplio marco conceptual formado por 18 artículos, entre los que destaca el 7. "El Ejecutivo confecciona el pliego de condiciones, que eleva al Concejo para su aprobación, previo a la licitación pública", indica la norma, que encuentra su fundamento en los considerandos del proyecto, el que también alude a la ley orgánica de municipalidades.
Al respecto, el escrito enfatiza: "El artículo 41 (inciso 18) establece que es atribución del intendente "celebrar contratos sobre las propiedades inmuebles de la Municipalidad con autorización del Concejo".
Pero, ¿cuándo comenzó a obviarse ese requisito? Según los autores del proyecto, fue a partir del dictamen Nº 228 que el Tribunal de Cuentas emitió en 2005, en el marco de la concesión del predio del Parque España, donde actualmente funcionan emprendimientos gastronómicos y hasta un gimnasio.
"El dictamen en cuestión estableció que no era necesario que el Concejo aprobara las licitaciones y que esa función era propia de la intendencia", recordaron los ediles.
Acerca de si el dictamen contradecía a la ley orgánica de municipalidades, los especialistas indicaron que es una "interpretación sistemática, a la que se llega comparando varias disposiciones".
La descripción de los hechos no es menor ya que la disposición, que nació para una situación determinada, quedó como posición fuerte para el Ejecutivo y abrió un espacio que ahora los ediles quieren cubrir.
Otro artículo con peso propio es el 13, que convierte en insoslayable al estudio de impacto ambiental que requiera cada intervención en el espacio público, algo que revé la ley de política ambiental nacional (Nº 25.675) y su equivalente provincial.
El dato no es menor: está en el origen del reciente veto de la intendenta Mónica Fein al pedido del Concejo para suspender la apertura de la licitación por las obras de la Guardería Náutica Costa Central, hasta tanto se exhibieran esos estudios.
Si después de su análisis el proyecto sobre regulación de las concesiones de espacios públicos logra luz verde, el Concejo podrá extender su mirada hacia atrás y a futuro hacia este tipo de operatorias, porque dispondrá de dos herramientas: la comisión investigadora y la facultad de intervenir en las próximas concesiones.
"El espacio público es un derecho colectivo cuya protección es una obligación del Estado, que debe velar por la integridad del mismo para el uso común, el cual prevalece sobre el interés particular", enfatizan los considerandos del proyecto.
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Para no quedar afuera. "Es necesario contar con mecanismos claros y objetivos para la explotación y el uso de los espacios públicos. Nuestra intención es que las concesiones de los espacios públicos sean aprobadas por el Concejo previo llamado a licitación, como también los estudios de impacto ambiental", aseguró López.
Según Sukerman, "el proyecto no hace más que replicar lo establecido en la ley orgánica de municipalidades, en cuanto a la atribución que tiene el Concejo de autorizar los contratos sobre bienes e inmuebles públicos que realiza la Intendencia y, al mismo tiempo, reivindica el ejercicio y las facultades de contralor que tiene el Palacio Vasallo sobre los actos del Ejecutivo".
