Una británica con esclerosis múltiple recurrió a una Corte de Apelaciones, en un intento por proteger a su esposo de un proceso judicial si la ayuda a suicidarse en el exterior. Debbie Purdy, de 45 años y oriunda de Bradford, fracasó el año pasado en su intento por forzar al Fiscal General del Estado (DPP, por su sigla en inglés) para que le diera garantías de que su marido no sería procesado si la ayuda a llegar a una instalación en el exterior en donde pueda realizarse una eutanasia.

La ley indica que ayudar a cometer un suicidio es un crimen que conlleva una pena máxima de 14 años en prisión. Sin embargo desde 1992, cerca de 100 ciudadanos británicos han acabado con sus vidas en la clínica Dignitas, en Suiza —en donde el suicidio asistido o eutanasia es legal— sin que sus familiares hayan sido procesados. En diciembre, la Corte Suprema dictaminó que el fracaso del DPP para clarificar la ley no infringe los derechos humanos de la mujer. En la audiencia de ayer, el abogado de Purdy, lord Pannick, argumentó que los jueces de la Corte Suprema se habían equivocado.

Las directrices ya existen para crímenes de violencia doméstica y delitos relacionados con el fútbol. La falta de una guía infringe el derecho expresado en el artículo 8, al privar a Purdy y a su familia de ampararse en la Convención Europea de Derechos Humanos. l (Reuters)