A las pocas horas del mayor atentado terrorista cometido en suelo argentino, el de la Amia el 18 de julio de 1994, el juez Juan José Galeano bajaba las escaleras de los tribunales porteños donde era esperado por una nube de periodistas. Se detuvo y pronunció una frase que pasó a la historia: "Se van a caer de espaldas", dijo en relación a la investigación e identificación de los autores del ataque. Veinte años después de ese episodio no hay un solo detenido por el atentado, que dejó 85 muertos y varios centenares de heridos.
El juez Galeano, que llegó a la magistratura durante el gobierno de Carlos Menem y tenía fuertes vínculos con la Side, fue destituido de su cargo por una serie de irregularidades cometidas en la investigación sobre la Amia. La más resonante fue haberle pagado 400 mil dólares a uno de los detenidos para que acusara falsamente a varios policías bonaerenses de ser parte de la conexión local del atentado, que se suponía imprescindible para haber cometido tamaña operación terrorista en Buenos Aires. El detenido era Carlos Telleldín, un vendedor de autos usados, sospechado de haber armado la camioneta Renault Trafic que explotó en la sede de la mutual hebrea, de Pasteur 633, a las 9.53 de la mañana de un día lunes.
Ese ofrecimiento ilegal de Galeano a Telleldín pudo verse tiempo después en un video filmado aparentemente por la Side, de donde salieron los fondos que le fueron entregados a la mujer de Telleldín. Allí se veía cómo le ofrecía dinero por los derechos de autor de un supuesto libro sobre el caso. En realidad, Galeano lo sobornaba para que inculpe a los policías y se diluya la investigación sobre los verdaderos culpables.
Galeano fue destituido y acusado por varios delitos. Telleldín está libre y se recibió de abogado en la cárcel. Los policías acusados de formar parte de la conexión local, entre ellos el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, fueron sobreseídos. Los culpables del atentado aún no fueron identificados y nadie está preso por los asesinatos. Un polémico acuerdo firmado entre Argentina e Irán para tratar el caso no logró ningún avance. Conclusión: impunidad total a dos décadas del atentado.
La Justicia federal de Buenos Aires también fue sacudida dos años después del ataque a la Amia cuando Domingo Cavallo denunció que el ex ministro del Interior Carlos Corach había anotado en una servilleta el nombre de los magistrados que eran manejables por el gobierno. Fue una nueva y clara manifestación de la imagen de pobreza institucional que ofrecían la administración menemista y la Justicia de la época.
¿Correlato local? Después de una ola de crímenes, mayormente ajustes de cuentas, entre los grupos que controlaban el comercio de drogas en Rosario, la Justicia provincial emprendió una investigación de lo que ya se conoce como la causa más importante de las últimas décadas. El juez Juan Carlos Vienna investigó al grupo narco Los Monos y procesó por asociación ilícita, coecho, encubrimiento y otros delitos a unas 36 personas sospechadas de estar ligadas al negocio ilegal, entre ellos 13 policías y un agente de Prefectura Naval. Vienna fue amenazado junto a funcionarios del gobierno, el propio gobernador sufrió un atentado a balazos en su domicilio y entre los sectores más progresistas de la provincia se aseguraba que de una vez por todas se estaba combatiendo un delito que peligrosamente teñía de sangre las calles de la ciudad.
Pero las cosas fueron cambiando con el tiempo. En un hecho que inicialmente fue muy confuso se difundió una fotografía del juez Vienna, tomada en Estados Unidos, junto a Luis Paz, padre de Martín "Fantasma" Paz, un joven asesinado en el marco de la lucha entre bandas de narcos y sospechoso de haber sido parte del negocio de la droga.
Además, en los últimos días, se conoció un audio de un supuesto diálogo entre el juez Vienna y uno de los policías que procesó en la causa Los Monos, el comisario Sergio Blanche. Allí el magistrado y su secretaria aparentemente le sugerían al policía cambiar de abogado para que su situación mejore y pueda obtener la libertad. También, en un lenguaje más que informal, Vienna hacía referencia a funcionarios del gobierno de la provincia con intenciones de "plantar" droga a algunas personas para perjudicarlas y hasta se arrogaba haber reprochado actitudes a un ministro y al propio gobernador. En una parte del audio se le escucha decir al juez lo siguiente: "Cuando yo estaba en Estados Unidos me vienen con la noticia de que la Viglione, en cualquier momento también está presa. Está investigando todo el entorno del viejo Paz que está en Estados Unidos. Está tratando de ver si puede poner algún par de kilos de merca a algún boludo. ¿Sabés como se equivoca la mina? Lo llamé al ministro acá y le pegué un relaje hasta el gobernador. Van a terminar todos presos, vos, vos y vos y esa hija de puta me quiere meter una interna a mí o limpiarse conmigo".
Viglione (Ana) es la secretaria de Delitos Complejos de la provincia y el ministro mencionado probablemente es el de Seguridad, Raúl Lamberto.
En otro segmento de la grabación, el comisario no se queda atrás y tras reconocer que "no bebe agua bendita" dijo ser inocente en esta causa, lo que aparentemente el juez admite.
Si se comprueba que el audio entre el juez y el policía es auténtico, la gravedad institucional que deriva de esa conversación es mayúscula y deja al ciudadano común inerme ante la "confesión" de un magistrado que pretende intervenir en la elección del defensor de una persona que mantiene detenida por un aparente encono con su abogado y acusa a una funcionaria de un grave delito. Al mismo tiempo, se produce la revelación de un jefe policial que reconoce con eufemismos ser parte de actos ilegales, aunque manifiesta su inocencia en ese caso en particular. Y que comete otra irregularidad al grabar secretamente una conversación en el propio despacho del juez.
La Justicia tiene sus tiempos para determinar si el audio se trata de una falsedad pergeñada para perjudicar al juez y derrumbar la causa judicial o esa sorprendente charla, de unos 14 minutos, existió tal como se la escucha. Hasta ahora ha quedado instalado en la opinión pública que esa grabación podría ser verídica, con lo que la imagen de la Justicia y la policía han sido menguadas por igual. Más aún cuando nadie ha salido a desmentir la autenticidad del audio y la Corte Suprema anuncia que la investigación tomaría tiempo.
Sin embargo, la premura es clave en este caso. Los videos de las decapitaciones de ciudadanos norteamericanos y británicos que grupos islámicos radicalizados difunden por internet son verificados en cuestión de horas. ¿Por qué no puede hacerse lo mismo con esta grabación?
El Colegio de Abogados local, preocupado por el tema, llevó su inquietud a la Corte provincial, cuyo presidente suena para cubrir una vacante en el máximo tribunal de la Nación, y que rápido de reflejos advirtió que la situación pone en la mira a toda la Justicia de la provincia. También al gobierno, que ha tenido que nombrar a un ex gendarme en la conducción operativa de la policía para intentar dar respuestas cuando las fuerzas federales se retiren y se produzca una inevitable contraofensiva de las bandas de narcotraficantes que ya parece asomar, como se vio esta semana con una ejecución mafiosa.
Pero más allá de las reuniones de forma entre abogados y ministros de la Corte, lo ocurrido en el despacho del juez Vienna se trata de una situación de tal gravedad que si no se aclara en el corto plazo el daño será inconmensurable y la sensación de desprotección y desconfianza del ciudadano en los poderes del Estado se afirmará.
Todo este daño colateral impacta, sin dudas, en el avance de la investigación de los grupos narcos. Se corre el riesgo de que lo hecho hasta ahora quede teñido por irregularidades y en la nada, con lo que el esfuerzo que se ha puesto en los últimos meses en acorralar a las bandas criminales que prácticamente habían tomado zonas de la ciudad, quedaría reducida sólo a miles de fojas de un expediente que, por ahora, ni siquiera tienen un juez que lo estudie.
Vienna ya no es el magistrado de la causa porque se excusó por "violencia moral" después de la aparición de la foto comprometedora, nadie sigue la investigación y se desconoce si el audio en cuestión fue "fabricado" o es legítimo.
En las investigaciones sobre la Amia y lo que ocurre con la causa Los Monos hay situaciones comunes que podrían derivar en la misma línea de impunidad, un clásico de la Argentina en tantos otros hechos resonantes. Es tan grave que Galeano haya sobornado a un detenido para que impute del atentado a otras personas, como el diálogo entre Vienna y el policía, si se establece su autenticidad.
Salvando las distancias entre dos situaciones muy distintas, en la Amia murieron decenas de personas y por el negocio de la droga mueren otras tantas todos los años por el consumo, la adicción y su correspondiente correlato de violencia y delitos urbanos.
