El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Rosario dará a conocer hoy la sentencia en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos por diez ex policías durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Santa Fe, conocido como causa Feced II.
Está previsto que el tribunal, integrado por los jueces Noemí Berros, María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango, anuncie el veredicto en horas del mediodía.
Los organismos de derechos humanos se concentrarán a partir de las 10 frente a los Tribunales Federales de Oroño 940 para escuchar desde allí el dictamen.
Los imputados integraron durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario, fuerza que estaba a cargo del fallecido ex comandante de Gendarmería Agustín Feced.
En el SI, ubicado en la ex Jefatura, funcionó el principal centro clandestino de detención del sur provincial.
La Fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la asociación Hijos solicitaron la pena de prisión perpetua para Carlos Ulpiano Altamirano, y de 25 años para Lucio César Nast, Ricardo José Torres, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante, por crímenes en perjuicio de 43 víctimas. En tanto, una de las querellas que representa a familiares de víctimas pidió 25 años de prisión para Altamirano, Nast, Ibarra y Vallejo.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), tras celebrar "el nuevo veredicto que recaerá sobre los imputados en la segunda elevación de la megacausa Feced", anunció que por "la importancia del evento" se hará presente en los Tribunales rosarinos el presidente nacional del organismo, Ernesto Moreau, quien coordina los equipos jurídicos de lesa humanidad que intervienen en los juicios en el país.
Además, el organismo expresó "un fundado resquemor en relación al monto de las penas que seguramente recaerán sobre los genocidas" debido "al caudal inmenso de la prueba vertida en las audiencias". Argumentó que el antecedente de "las insuficientes penas dictadas en el juicio Guerrieri I nos hacen temer que se repita este atajo hacia la impunidad".
"Por ello —siguió el organismo— exhortamos al TOF II a estar a altura de la responsabilidad que la historia les confiere y dictar las máximas penas para los genocidas, ordenando su cumplimiento en cárcel común", porque "es indescriptible la sensación de miedo y angustia de la mayoría de las víctimas y militantes de DDHH, cuando luego de casi cuarenta años de búsqueda de justicia, y después de escucharlos amenazarnos, son condenados y amparándose en vericuetos legales que sólo funcionan para los genocidas, puede pasar que los crucemos en la calle y lugares públicos al día siguiente, como pasó con Maderna, Cervera y Pili Rodríguez".