Martes 31 de Mayo de 2011
El gobierno brasileño de Dilma Rousseff se reunió ayer para elaborar una estrategia de emergencia para poner fin a la violencia en la Amazonia, donde cuatro líderes campesinos defensores de la preservación de la forestación fueron asesinados en la última semana.
La serie de crímenes se inició el martes pasado con los asesinatos de José Claudio Ribeiro da Silva y de su esposa, María do Espírito Santo da Silva, quienes comandaban una comunidad de extracción de castaña y luchaban contra empresas madereras dedicadas a la tala de árboles en la región de Nova Ipixuna, en el estado de Pará.
En la misma comunidad, la policía encontró el sábado el cuerpo acribillado de otro líder local, Eremilton Pereira dos Santos, quien estaba desaparecido desde el jueves último.
Según la policía de Pará, sin embargo, no hay hasta el momento indicio de vínculo entre los dos crímenes, ya que Pereira dos Santos no tenía nexos con los Silva ni tampoco ha sido testigo del atentado contra los dos líderes asesinados el martes.
A estos dos atentados se sumó el de Adelino Ramos, líder del Movimiento Campesino Corumbiara, asesinado el viernes en la localidad de Vista Alegre do Abuna, en el amazónico estado de Roraima.
En tanto, la Iglesia Católica alertó ayer sobre la impunidad de sicarios y hacendados de la Amazonia que supuestamente ordenaron asesinar a los campesinos que denunciaban extracción ilegal de madera.
La Comisión Pastoral de la Tierra afirmó que "quien tenía que fiscalizar la acción de los madereros era Ibama (instituto del Ministerio de Medio Ambiente) y no lo hizo, quien tenía que investigar los crímenes ambientales era la Policía Federal, que no lo hizo".
El vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Michel Temer, analizó con su gabinete la intervención federal de parte de la Amazonia, con mayor presencia de la Policía Federal.
Impunidad
El Congreso brasileño aprobó el 25 de mayo último, por aplastante mayoría, una reforma del Código Forestal brasileño que establece una amnistía para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la vegetación hasta 2008. La norma incluye la ampliación de las áreas de uso agropecuario susceptibles de tala.