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Críticas al Ejecutivo por no informar sobre controles

La oposición en el Concejo recriminó al municipio por no responder a un pedido previo al siniestro de 2013 en una colchonería.

Jueves 19 de Junio de 2014

Luego de que se conociera la imputación del delito de "incendio seguido de muerte" contra los propietarios de un fábrica de colchones de barrio Ludueña, donde en 2013 murió un operario, el concejal Jorge Boasso advirtió ayer que la Municipalidad no dio respuestas a un pedido de informes previo a ese hecho solicitado por el Palacio Vasallo sobre inspecciones y cuestiones relativas a la seguridad laboral del establecimiento.

"Se deja de lado al Concejo, como cogobierno de la ciudad, en cuanto a la protección del ciudadano. No responden a nuestros pedidos de informes en un total desprecio hacia la institución legislativa", fustigó el edil.

Las novedades surgidas en el expediente judicial donde se investigan las responsabilidades penales del incendio parcial ocurrido el 10 de septiembre de 2013 en la colchonería ubicada en República Dominicana 425, y que le costara la vida al operario Javier Saucedo (24 años), tuvo eco inmediato en el Concejo.

Fue Boasso (UCR) quien recordó el derrotero de los expedientes legislativos que impulsó mediante un pedido de informes a la Intendencia, cuando en 2012 la planta industrial ya había sufrido un incidente similar, aunque sin víctimas fatales.

En esa oportunidad, el edil pidió que el Palacio de los Leones indicara el rubro, desde qué fecha estaba habilitada la fábrica, si contaba con las medidas contra incendio y si se realizaron las inspecciones correspondientes.

"Esa fábrica se incendió en junio de 2012, cuando presenté un pedido de informes aprobado por decreto (Nº 37.770) a los fines de tener elementos suficientes que permitan proteger a los trabajadores y vecinos, el cual nunca fue contestado por el Ejecutivo. Luego se impulsó el cumplimiento del mismo, pero en medio de la falta de respuestas y controles del municipio ocurrió, lamentablemente, el fallecimiento de un operario", recordó Boasso.

En el decreto posterior al accidente mortal, donde el Concejo reitera el cumplimiento del pedido de informes, se insiste en que el Ejecutivo especifique si se modificaron condiciones de habilitación o edilicias de la fábrica, si se realizaron inspecciones municipales con posterioridad a los incendios de junio de 2012 y setiembre de 2013, y sus resultados, y si luego del primer siniestro las autoridades exigieron obras o mejoras para prevenir nuevos incendios.

Pero, según planteó Boasso, desde el Palacio de los Leones nunca remitieron los datos requeridos. "Una vez más se deja de lado al Concejo, como cogobierno de la ciudad, en cuánto a la protección del ciudadano. No responden a nuestros pedidos de informes en un total desprecio hacia la institución legislativa de Rosario", fustigó el edil.

Ahora, el legislador radical insistirá con el cumplimiento a la solicitud original, donde se piden detalles del rubro o actividad, desde qué fecha se encuentra habilitada la colchonería, si cumplía con las prevenciones generales contra incendios establecidas en el reglamento de edificación, si se realizaron constataciones y cuales fueron los resultados.

En la causa judicial se indagó e imputó a los dueños del establecimiento fabril por el delito de "incendio seguido de muerte", en el marco de un estrago culposo. Además, las pericias oficiales indicaron que el fuego comenzó por un cortocircuito en un dispenser de agua.

La investigación penal a cargo del juzgado de Instrucción Nº 14 (vacante), y con el impulso del fiscal Nº 11 Donato Trotta, derivó en la indagatoria por "inobservancia de la normativa vigente en materia de higiene y seguridad laboral" de los tres socios gerentes de la firma. Ello se traduce en la imputación del delito de "incendio seguido de muerte" en el marco de "un estrago culposo".

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