Analistas, la prensa y la oposición apuntan sus dardos contra la falta de previsión de la presidenta Dilma Rousseff, que, pese a la preocupante situación, lleva un mes sin dirigirse a los brasileños.

"El gobierno es responsable por la falta de planificación e inversión en la infraestructura", señaló Alexandre Gouveia, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia.

Ya desde el año pasado se venía alertando del bajo nivel del sistema de embalses de Cantareira, que abastece al área metropolitana paulista, pero no se lanzó una campaña para reducir el consumo, como los especialistas recomendaban. Hoy, la mayor parte de la ciudad sufre un racionamiento escondido, con poca presión en el agua que reciben las viviendas y las industrias de la región. Hasta ahora, el único plan de emergencia consiste en cerrar los grifos. Ni industrias, ni hospitales, ni escuelas, ni los ayuntamientos, ni el propio Estado de San Pablo tiene un plan B que pueda ponerse en práctica en caso de que las presas, ya en situación crítica, se agoten por completo.

Las alternativas utilizadas en San Pablo hasta ahora son los pozos que captan agua en el subsuelo y los camiones cisterna. Ambas opciones son también recursos limitados y a las que no todo el mundo tiene acceso.

Los alcaldes de 30 municipios del Estado se reunieron el miércoles para exigir al gobernador, Alckmin, un comité de crisis que elabore un plan de emergencia. El propio alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, reconoció su preocupación por la salud pública y la seguridad. Haddad teme saqueos y disturbios, como ya ocurrió el año pasado en Itú, una pequeña ciudad del interior.