El presidente de la comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados provincial, Oscar Urruty, mostró sus reparos al proyecto para trasladar la Unidad de Detención Nº 3, de Ricchieri y Zeballos. "El predio está en una ubicación estratégica de la ciudad, con una gran potencialidad urbanística. Dejar su destino en manos de la iniciativa privada me parece un despropósito", advirtió ayer el legislador del Partido del Progreso Social (PPS).
La iniciativa para mudar la cárcel de encauzados fue presentada el lunes pasado por el diputado radical Julián Galdeano. El legislador explicó que la propuesta busca mejorar la urbanización y la calidad de vida del barrio y, al mismo tiempo, contar con un complejo carcelario más moderno y dotado de infraestructura y tecnología adecuada.
Lo particular de la iniciativa es el procedimiento propuesto para el traslado. La idea estipula que el financiamiento y la construcción de la nueva penitenciaría estaría a cargo del ganador de una licitación, que recibiría a cambio la propiedad desafectada para llevar adelante un proyecto de desarrollo urbanístico.
Y en ese punto, Urruty consideró necesario discutir el destino del predio antes de llevar adelante la mudanza de la cárcel. "Es cierto que el edificio fue construido hace muchos años y que actualmente resulta inconveniente que esté en ese lugar. Sin embargo, la definición sobre los usos de ese predio la tiene que dar el poder público y no la iniciativa privada", advirtió.
"La Redonda", como se conoce a la penitenciaría que ocupa la manzana de Zeballos, Ricchieri, Montevideo y Suipacha, aloja actualmente a unas 400 personas. El centenario edificio se levantó en una zona descampada y marginal de la ciudad, pero el crecimiento urbano de Rosario lo dejó encerrado entre casas particulares, comercios y galpones.
En el barrio llevan tiempo reclamando el traslado de la unidad a la que consideran "un freno" para el desarrollo de un importante sector de la ciudad. En 2002, el entonces diputado provincial Miguel Angel Basaldella ya había presentado un proyecto similar.
Más peros. Lo cierto es que no fue Urruty el único en criticar la iniciativa. Carmen Maidagan, referente de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, apuntó que si bien la Unidad 3 tiene graves problemas estructurales, su traslado "no obedece a una política penitenciaria, sino que se trata de hacer un negocio inmobiliario".
La abogada señaló que el edificio "está en una zona valiosa de la ciudad, por eso nos preocupa cómo se maneja la situación".
El gobernador tomó la decisión teniendo en cuenta la solicitud en ese sentido realizada por el gobernador electo, Maximiliano Pullaro
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