El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, firmó un decreto que declara no abortista a la provincia y fijó así su rechazo a la legalización de esa práctica, lo que había sido reclamado en forma conjunta por las iglesias Católica y Evangélica.

El anuncio del gobernador contó con la adhesión de las iglesias Católica y Evangélica locales, cuyas máximas autoridades se reunieron en el Encuentro Multisectorial y Ecuménico a Favor de la Vida.

"Entre toda la sociedad hay que articular acciones que protejan la vida", dijo Colombi durante el encuentro religioso que se realizó anteanoche en el Club San Martín de esa capital.

El gobernador sostuvo que "todos los hombres y mujeres están llamados a ser parte de esta lucha", durante el evento en el que estuvieron el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik; los obispos de Goya y Santo Tomé, Ricardo Faifer y Hugo Santiago, y el representante de la Iglesia Evangélica local, Ignacio Telechea.

El mandatario provincial celebró el encuentro al destacar que "permite ratificar la unidad de todos los sectores políticos y religiosos".

Colombi dijo que declaró a Corrientes "a favor de la vida" por "nuestra educación, padres, escuela, historia y valores" y destacó la presencia de jóvenes en el encuentro porque "no sólo los afecta esta cuestión (el aborto), sino también flagelos como el alcohol y las drogas".

"Necesitamos una juventud sana y felicito a estos jóvenes que están por este camino", afirmó el gobernador, y pidió "poner voluntad y coraje para llevar adelante esta campaña y expresar una férrea defensa de la concepción de la vida".

El decreto declaró a "Corrientes como provincia pro-vida, estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida, desde el momento de la concepción, y de la familia".

"La tutela efectiva del derecho a la vida desde su concepción es un deber primordial del Estado, por lo tanto el niño por nacer goza plenamente de ese derecho y de su consecuente protección", manifestó el decreto en sus considerandos.

El Congreso de la Nación fracasó en el intento de obtener un dictamen sobre la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

El 3 de noviembre fuentes parlamentarias confirmaron que el dictamen surgido de la comisión de legislación penal de la Cámara de Diputados no tenía el número de firmas necesarias para impulsar su tratamiento en el recinto. El presidente del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, no firmó el despacho, por lo cual la propuesta quedó con seis adhesiones, dos menos de las ocho que exigía como mínimo la habilitación del dictamen.

El 10 de noviembre volvió a fracasar un nuevo encuentro convocado por el presidente de la comisión de legislación penal, Juan Carlos Vega (CC), quien finalizará su mandato pasado mañana, para una reunión de las comisiones de acción social y salud y de familia, mujer y niñez con el objetivo de firmar un dictamen. El 14 de noviembre, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, arzobispo José María Arancedo, advirtió que la Iglesia no cederá en su lucha contra el aborto y reclamó un debate amplio con la intervención de académicos y científicos sobre "el derecho humano a la vida, desde la concepción".

Arancedo reveló en esa oportunidad que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio a entender que su posición es contraria a la despenalización del aborto, al referirse a la audiencia que mantuvo el 10 de noviembre en la Casa Rosada.