Resulta llamativo la pasividad y distracción que todo el arco político denota ante la indiscutible transgresión y violación sistemática de los códigos y derechos elementales de convivencia y respeto al libre tránsito y circulación. Nuestra Constitución, es cuando menos clara a la hora de garantizar el derecho a huelga y manifestación, en pos de reivindicaciones y reclamos de cualquier tipo. Y es en ese sentido, donde las estructuras sobre todo de índole gremial, han sabido desarrollar sus estrategias y recursos, consiguiendo a lo largo de su derrotero, evidente éxito. No entiendo entonces cómo existiendo herramientas de reclamo tan probadas y de carácter corporativo, se permite que por ejemplo se prohiba la libre circulación de la autopista Rosario-Buenos Aires por personas con contención y encuadre gremial. Tampoco justifico la misma aptitud por movimientos piqueteros, que si bien no cuentan con personería gremial, es de hecho que su aglutinación por naturaleza y objetivo ya son de carácter político. Contando en consecuencia, con instrumentos de protesta, que en ningún caso justifican el avasallamiento de los derechos de unos por sobre los de otros, como si estos tuvieran diferentes categorías.
Exhortemos entonces a nuestros dirigentes políticos con responsabilidad ejecutiva que abandonen su tibieza, dejen de lado excusas de competencia e instrumenten los mecanismos necesarios, para hacer cumplir nada mas ni nada menos que la ley que alguna vez supieron jurar y defender. Como quisiera ver a nuestro querido gobernador o intendente apersonarse en alguno de los tantos cortes, que de una u otra manera jaquean intermitentemente nuestra ciudad. Poniéndose ante todo, a disposición ejecutiva de los reclamos, pero exigiendo con autoridad, el inmediato desalojo y del espacio público agredido, de la misma manera y voluntad con la que justificada y heroicamente condenan a quienes otrora, supieron quitarnos nuestra democracia y libertad. Piense señor gobernador, que quien priva a otros de sus derechos, esgrimiendo los propios, no hace ni más ni menos que convertirse en un dictador. La ley no contempla ni justifica la represión, pero sí admite la fuerza pública bien entendida. Recuerde también que los hombres no están por encima de la Justicia y mucho menos pueden extorsionarla.

Agapito Blanco,
DNI. 16.994.769