Tras la fiebre extrema de inseguridad que azota a Rosario, con más de 40 homicidios en lo que va del año y 287 registrados en 2022, los familiares víctimas de la inseguridad participaron de un encuentro junto al gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y el flamante ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni. Allí, se delinearon líneas de acción conjunta y se armó una mesa de trabajo que generó expectativa en los asistentes al cónclave.

“Necesitamos que legislen y se dejen de tirar los muertos unos a otros”, había reclamado Ezequiel Lowden, referente de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia de Rosario al salir de la reunión.

La convocatoria fue el epílogo de horas calientes en la problemática que derivaron en el pedido de respuestas inmediatas por parte de la ciudadanía en las puertas de Gobernación.

En rigor, desde el lunes pasado, los manifestantes mantenían un acampe frente al ingreso a la sede local del Ejecutivo provincial, razón por la que también estuvo interrumpido el tránsito por calle Santa Fe, frente a la plaza San Martín.

En el encuentro de ayer, los familiares propusieron bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y una reforma integral de las fuerzas de seguridad para evitar que sus integrantes ingresen al mundo del delito. También hubo críticas al Servicio Penitenciario Provincial.

Al salir de la convocatoria con autoridades provinciales y municipales, Lowden adelantó que “de acá a los próximos 10 días van a convocar a las comisiones de Seguridad de ambas cámaras (diputados y senadores provinciales) junto a nosotros para tratar los distintos proyectos de ley que ingresaron los bloques”.

En ese sentido, reclamó: “Esperamos que empiecen a legislar para llegar a un acuerdo entre distintos sectores y así tomar medidas, en lugar de tirarse los muertos unos a otros”, para luego considerar: “Estamos a la expectativa de que con el cambio del ministro de Seguridad se logren medidas concretas y más efectivas”.

A su vez, el referente de la asociación comentó que también se discutió la baja de edad de imputabilidad de 18 a 16 años, cuestión considerada como necesaria por la “gran cantidad de armas que hay en la ciudad en manos de menores”.

“Propusimos como mínimo los 16 años y el gobernador también acompañó porque si la clase política considera que están en condiciones de votar, también puede enfrentar a quienes asesinen”, remarcó. Además, se solicitó una reforma policial para mejorar las condiciones del servicio que brinda esa fuerza a la comunidad. “La policía tiene que ser considerada como corresponde; lamentablemente la vemos muy denigrada por la explotación y la baja remuneración, que es lo que lo lleva a cometer delitos”, comentó.

Desde la cárcel

Y, en relación a las críticas a los delitos digitados desde cárceles en la provincia, donde presos de alto perfil son investigados por extorsiones y balaceras, también dijo: “En cuanto al Servicio Penitenciario, ya sabemos que es lamentable: pasaron cuatro ministros de Seguridad y el director (de Asuntos Penitenciario, Walter Gálvez) siempre se queda”.

No faltaron críticas a la responsabilidad del Estado nacional como pata fundamental para abordar la violencia extrema que sacude Rosario. “De (el ministro nacional de Seguridad) Aníbal Fernández no hay respuestas y de Presidencia tampoco”, respondió Lowden al ser consultado para saber si hubo consideraciones del jefe de esa cartera y del presidente Alberto Fernández respecto a lo que acontece en Rosario.

Otra de las medidas a llevar a cabo tanto a nivel provincial y nacional será la de tomar los números de las patentes de los vehículos que tienen pedidos de captura a través de los tótems, que es algo que se venía pidiendo. En la cárcel de Coronda están haciendo detecciones de los elementos que ingresan las visitas; se pidieron licitaciones más rápidas en materia de seguridad; cámaras privadas conectadas al 911, y reuniones periódicas.

Cabe recordar que luego de varios chispazos entre Perotti, sus referentes y el ministro Fernández, un encuentro del lunes por la noche limó asperezas entre ambos.

El gobernador, se indicó, le pidió a Fernández un refuerzo de agentes federales. Y, además, que desembarquen con mejor logística para intervenir en el territorio.

Marcha por Jimi Altamirano

Amigos, familiares y vecinos de Lorenzo “Jimi” Altamirano marcharon ayer a la noche a la plaza San Martín para exigir justicia por el crimen del malabarista y bajista de 28 años, asesinado el pasado miércoles 1º de febrero frente a la cancha de Newell’s.

  Los manifestantes interrumpieron el tránsito en la zona y reclamaron avances en la causa y mayor comunicación con la fiscalía. “La verdad es que estamos sin datos, vieron una cámara y después no nos dijeron nada más”, sostuvo Daniel, el padre de la víctima.

  “Jimi estaría marchando por vos”, indicaban los carteles en medio de pedidos de justicia, y músicos callejeros y malabaristas que homenajearon al muchacho “asesinado al azar por la mafia de la barras y el narcotráfico”.

  Sus padres lo llamaban Muni, salió de su casa sobre el mediodía del 1º de febrero pensando en recaudar algo de dinero haciendo malabares para luego ir al ensayo con su banda. Por la noche, fue secuestrado en la zona de 27 de Febrero y Ovidio Lagos y, a las 22.48, al músico, lo bajaron de un Renault Sandero negro frente a la puerta 6 del estadio de Newell’s, donde lo ejecutaron con tres tiros.

  “Mi hijo decía que en Rosario estaba todo podrido, tenía razón”, sostuvo su madre, Lili, quien contó que Jimi había viajado como mochilero a Brasil, pero ella lo convenció de regresar a Rosario a fines de 2021.