Johana tenía 25 años y una hija de dos. En enero fue atacada por su ex pareja en la calle, a metros de su vivienda en la zona de Puente Negro, en el noroeste de la ciudad (Sorrento y el arroyo Ludueña). Se convirtió en la primera rosarina en engrosar las estadísticas de las víctimas de femicidio de este año, su hija quedó huérfana de madre y la familia se las arregla como puede para contenerla. Sólo en los cuatro primeros meses del año, los casos como el de Johana se multiplicaron por diez, el mismo número que durante todo el año pasado.
Frente al aumento del número de mujeres asesinadas, la diputada provincial del Sí-Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, volverá a presentar un proyecto de ley para que el Estado provincial se haga cargo de darle contención a los hijos de las víctimas. La iniciativa ingresó por primera vez a la cámara Baja santafesina hace más de dos años y perdió estado parlamentario sin ser tratada.
La propuesta busca crear una pensión para los hijos menores de edad de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia de género, con el objetivo de que el Estado provincial se haga cargo de reparar la situación de estos menores que perdieron a su madre, sustento afectivo y generalmente también económico de la familia.
La iniciativa ingresó por primera vez a la Legislatura en 2012. Sin embargo nunca fue tratada, siquiera en comisión. Para su autora, corrió la misma suerte que otras relacionadas con cuestiones de género.
"Las temáticas referidas a género o relacionadas con derechos, a veces, encuentran dificultad para ser apoyadas. Generalmente, a fuerza de insistir, logramos que se aprueben", señaló Gutiérrez. Por eso, en las próximas semanas, la legisladora volverá a ingresar la iniciativa en la cámara Baja.
Amparados. La sanción de leyes que amparen a los hijos de las víctimas de violencia de género es un reclamo que formulan desde hace tiempo numerosas organizaciones de mujeres.
A nivel nacional se impulsan también iniciativas para privar de la patria potestad a los padres condenados por femicidio.
Actualmente, explicó Gutiérrez, los menores son generalmente asistidos por la Dirección de Niñez de la provincia, donde se estudia cada caso en particular. "Siempre se trata de que los niños sean criados, alojados y acompañados por miembros de la familia. Si esto no se puede hacer después de un tiempo, puede declararse la adoptabilidad de los niños", sostuvo.
El proyecto de ley alcanza a los hijos de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia sexista menores de edad que tengan dos años de residencia en la provincia. La prestación a que tendrán derecho será una pensión mensual cuyo monto será equivalente a la jubilación mínima que abona la mencionada caja.
La pensión busca garantizar los medios necesarios para que los niños puedan concluir sus estudios y acceder a atención médica y psicológica; considerando que son víctimas colaterales de un delito que, quizás, una intervención temprana del Estado podría haber evitado.
En números
Según datos de la ONG Casa del Encuentro, entidad que ante la falta de datos oficiales sostiene el observatorio de femicidios en el país, advierte que entre el 2008 y el 2014 hubo por lo menos 2.196 hijos que quedaron sin madre. Y más de la mitad de estas víctimas colatareales del delito de femicidio son menores de edad.
