La Cámara Penal ratificó una condena a diez años de prisión para una mujer de 29 años por un homicidio ocurrido hace un año y medio en el barrio Remanso Valerio de Granadero Baigorria. Con un voto dividido en cuanto al monto de la pena y un agravante, el tribunal conformado por los camaristas Carlos Carbone, Guillermo Llaudet y Alfredo Ivaldi Artacho confirmó la sentencia de primera instancia contra Melisa Natalia Zapata, por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
A fines del año pasado Zapata, pescadora de oficio y madre de dos pequeños, fue condenada por el asesinato de Brian González ocurrido la noche del 10 de abril de 2014. Melisa se encontraba en su casa de Remanso Valerio cuando le avisaron que un hermano suyo estaba siendo golpeado por un grupo de personas que le había robado la bicicleta.
La mujer llegó al lugar del incidente con un revólver calibre 22 y disparó, al parecer con la idea de dispersar a los golpeadores. Pero una bala alcanzó en el abdomen a González, que murió horas después en el Hospital Eva Perón. Luego la joven se entregó en la comisaría 10ª para exponer lo sucedido, lo cual entonces fue tomado como una confesión.
Tras nueve jornadas de debate con la presencia de 15 testigos, en diciembre pasado se realizó el juicio oral tras el cual el tribunal conformado por los jueces Gonzalo López Quintana, Gustavo Pérez de Urrechu y Javier Beltramone condenó a la mujer a la pena mínima para homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego: 10 años y 8 meses de cárcel.
El fallo fue dividido, ya que Beltramone juzgó que Zapata había actuado con exceso de legítima defensa, por lo cual pidió una pena de cuatro años y que se excluyera el agravante.
Apelaciones. El fallo fue apelado por los fiscales Adrián Spelta y Miguel Moreno, quienes habían pedido 20 años de prisión. Objetaron que el tribunal admitiera que la acusada había querido asustar a la víctima y cuestionó la teoría expuesta por los abogados de Zapata sobre la legítima defensa ya que, según afirmaron, González estaba en el suelo cuando recibió un tiro por la espalda.
Por su parte, los defensores Marta Macat y Daniel Kantor remarcaron que Zapata no sólo se autoincriminó sino que además entregó el arma homicida, que podría haber tirado al río para que jamás fuera hallada. Los abogados también cuestionaron la valoración de las pruebas, por ejemplo, de la pericia balística que a entender de ellos no coincide con la teoría de la fiscalía. También pidieron revocar la sentencia y que se considere que Zapata actuó en legítima defensa y que no lo hizo con dolo eventual sino en forma culposa.
Los fiscales replicaron remarcando contradicciones en los testimonios de familiares de la acusada que fueron realizados un año después del crimen. También rechazaron la figura del dolo eventual y sostuvieron el dolo directo, que la imputada supo lo que podía haber pasado y lo aceptó. Finalmente, Zapata volvió a declarar ante la Justicia que ella no era una homicida sino que sólo defendió a su familia, aunque nunca quiso matar a González.
Complejo. El primer voto de la Cámara quedó en manos de Carbone, quien analizó el caso teniendo en cuenta “el complejo núcleo social que embarga a los protagonista de este drama procesal que refleja precisamente esa coyuntura cuanto menos de pobreza extrema, personas violentas, delincuentes que conviven con personas que sólo piensan en trabajar y criar lo mejor posible a sus hijos”.
En principio, el camarista sostuvo que la defensa “no pudo justificar con éxito” que la acusada y su hermano no hubieran dicho, hasta ocho meses después del crimen, que la víctima solía estar armada. Es que ese argumento fue expuesta por la defensa ocho meses después del crimen, lo cual no fue bien valorado por el tribunal de sentencia.
“No encuentro margen de crítica idónea para invalidar las conclusiones del tribunal anterior cuando valoran negativamente que Ismael Zapata no mencionara un día después del hecho nada del balazo fatal alegando en el juicio, luego de ocho meses de silencio, que no lo hizo porque estaba aturdido, ni de la supuesta arma que se le habría caído a la víctima en la lucha con él mantenida y para colmo alegando recién en el juicio un supuesto robo que lo tiene como víctima, siendo contradictorio el relato que hace a la Fiscalía sobre esos hechos previos como se sentencia sobre el punto”, sostuvo Carbone.
El juez avaló la sentencia en cuestión respecto de las contradicciones entre las primeras versiones expuestas por la acusada y sus familiares respecto de que la víctima estaba armada.
“Tengo la convicción de que el cambio de estrategia se debe a querer salvar lo infortunado del homicidio que causó la acusada a quien se describe como apegada toda su vida al trabajo de la actividad típica del barrio que es la pesca y carencia de antecedentes penales contrariamente a lo endilgado por la víctima. Y para ello se encontró el argumento del arma usada previamente por la víctima y la creencia de haber querido ser utilizada en la reyerta para justificar el homicidio”, sostuvo el camarista Carbone, quien tampoco avaló los argumentos por los cuales la fiscalía solicitó que se aumente la pena.
Dos a uno. Por su parte, el juez Llaudet adhirió al voto en lo referido a descartar la teoría de la legítima defensa. Sin embargo, cuestionó la aplicación el uso de arma de fuego como agravante para este caso particular, por lo que propuso una pena de ocho años de prisión.
Así, con dos votos contra uno, el tribunal ratificó la sentencia contra Melisa Zapata a diez años y ocho meses de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
