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Confirman amenazas al gobernador desde el teléfono de un dirigente de Apropol

"Pagá las 12 lucas" y un insulto se lee en un SMS enviado a Bonfatti desde un celular hallado en la vivienda de Alberto Martínez, un referente de Apropol.

Martes 10 de Diciembre de 2013

La Justicia determinó que al menos dos mensajes de texto intimidatorios recibidos el sábado pasado por el gobernador Antonio Bonfatti fueron emitidos desde un teléfono que le pertenece a un familiar directo de un dirigente sindical de Apropol, el gremio no reconocido que bloqueó la Jefatura de la Unidad Regional II.

El sábado por la mañana, Bonfatti recibió dos mensajes de texto en su teléfono celular en los que se leía "Pagá las 12 lucas, pelado...", coronado por un insulto, en obvia alusión al reclamo salarial. De inmediato, el titular de la Oficina de Causas con Imputados no Individualizados, Marcelo Vienna, se presentó ante el gobernador e inició la investigación de oficio.

El funcionario tomó nota y sacó fotos de la pantalla del teléfono con los registros, hora y remitente. Y sugirió una medidas tendientes a determinar el origen del aviso e identificar al titular de la línea. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 14, que está vacante pero en subrrogancia del juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone.

Luego de chequear varios datos, el magistrado ordenó una secuencia de allanamientos que derivaron en la vivienda familiar de Alberto Martínez, el referente de Apropol que motoriza la protesta (hasta ayer ausente por haber viajado a Santa Cruz), donde se secuestró un teléfono celular.

Tras las pericias y análisis de rigor, se pudo confirmar que los SMS fueron emitidos desde ese celular, hallado en poder de la mujer del dirigente durante los procedimientos, según confiaron La Capital voceros judiciales.

Si bien los mensajes no contienen términos que hagan suponer un riesgo para la integridad física del mandatario santafesino, en el ámbito judicial se tomó como una extorsión que implica un grave amedrentamiento institucional hacia su investidura, lo cual obliga a investigar la configuración de un delito penal.

Resta conocer cuáles serán los pasos a seguir por parte de Beltramone, quien no obstante podría convocar a Martínez a una declaración testimonial para que brinde las explicaciones del caso.

Al mismo tiempo, y como ratificó el fiscal Guillermo Camporini, quedó pendiente de resolución la orden de desalojo de la Jefatura emitida por el juez tras la denuncia que presentó la Casa Gris contra Apropol.

Paralelamente, el abogado de Apropol presentó un recurso de hábeas corpus en favor de Martínez, algo que causó sorpresa en Tribunales ya que, al menos hasta ayer, no se decretó ninguna medida judicial que afecte la libertad del sindicalista o su actividad gremial.

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