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Condenaron a 27 años de prisión al homicida de un policía en Rufino

Le dieron diez años al cómplice que participó del robo previo a la muerte del agente Emiliano Celis. Y absolvieron al acusado de ideólogo del robo. Un fallo complejo ante un trámite muy oscuro.

Jueves 29 de Marzo de 2012

Rufino.- El tribunal que juzgó a tres ciudadanos cordobeses por el asesinato del policía Emiliano Celis, ocurrido en 2009, condenó a 27 años de prisión al acusado de autor material del homicidio, Diego Guzmán. Además le impuso 10 años de pena a Enrique Zapata por el robo calificado previo al enfrentamiento en el que murió el joven agente, que tenía 18 años. Por último dictó la absolución para José Darío Guajardo, a quien se le adjudicaba ser autor intelectual del asalto a una familia rufinense.

El hecho significativo del fallo es que el tribunal actuante declaró inconstitucional la pena de prisión perpetua para el principal imputado lo que es una novedad en la circunscripción judicial con cabecera en Venado Tuerto. Por ello dictaminó 27 años contra Guzmán que es una pena divisible (ver aparte).

"Un fallo salomónico". Tras un extenso juicio oral y público, los jueces Gastónjauregui, Adrián Godoy y Javier Prado elevaron la sentencia ante la conformidad de las partes. "Se trata de un fallo salomónico", dijo el fiscal Fernando Palmolelli quien anticipó que apelará en el caso de Guajardo, por quién él había pedido 9 años de prisión y salió absuelto.

Las defensas también anunciaron que apelarán por las razones expuestas en los alegatos: aseguran que todo el trámite probatorio estuvo fuertemente viciado de nulidad. La defensa de Guzman había pedido que se lo absuelva por falta de pruebas, graves errores en la investigación, violación del principio de defensa y del debido proceso. Señaló que en caso de que se le impusiera condena se lo sentenciara por el delito del robo previo y no por el homicidio cuya autoría, por los vicios del proceso, no quedó acreditado. Sin embargo el tribunal no dio lugar a esos pedidos y terminó condenándolo a 27 años de prisión. Palmolelli había pedido prisión perpetua.

La madre de la víctima, Verónica Fredes, estalló en aplausos cuando se leyó la condena a Guzmán de 27 años de prisión y una vez afuera del diminuto recinto hablo con la prensa. "Estoy conforme porque era más o menos lo que se esperaba. A Guajardo no pudieron demostrarle que haya estado en la escena del robo ni la del crimen. Y Zapata no fue el que disparó el arma".

El asesinato. El policía Emiliano Celis murió de varios disparos en el operativo de persecución a los asaltantes de una vivienda de Rufino. El delito juzgado se inició cuando dos ladrones irrumpieron en la casa de un matrimonio de apellido Spada a robar al que dejaron maniatado.

Luego del atraco, en la huida de la casa, se produjo el robo del auto del yerno de la pareja asaltada, que llegaba de visita. Este robo se adjudica a las personas que fueron juzgadas. Tras eso la policía interceptó a los delincuentes. Herido por perdigonadas, Zapata se entregó y lo desarmaron. A un costado de allí se produjo el tiroteo en el que Celis cayó sin vida.

Uno por uno. En el caso de Guzmán se le imputó ser el autor material de los disparos, robo calificado y abuso de armas más otros antecedentes que ya tenía. Zapata fue coautor del robo calificado, abuso de armas y además tenía otros tres antecedentes por robo lo que derivó en la condena a 10 años de prisión.

Mientras que Guajardo se lo absolvió habida cuenta del beneficio de la duda ya que en ningún momento se pudo probar su presencia en la escena del crimen. De hecho se determinó que el allanamiento que se hizo en un campo de Aarón Castellanos para apresarlo fue ilegal.

Trámite escabroso. El trámite penal fue sumamente accidentado. El padre de la víctima era un comisario inspector con mando en la zona del hecho. Extrañamente no se hizo autopsia ni hubo pericia balística que permitiera salir de qué arma salieron las balas. Los propios imputados en septiembre pasado habían aceptado condenas más leves a las requeridas ahora en un juicio abreviado. Sin embargo el tribunal no avaló ese acuerdo. Por eso se hizo el juicio oral que culminó ayer con la sentencia. En el juicio abreviado habían acordado penas de 23 años para Guzmán, 9 para Zapata y seis para Guajardo; quien a juzgar por lo que sucedió ayer fue el único que se favoreció notoriamente.

La perpetua, inconstitucional

La aplicación de una pena divisible a Diego Guzmán en lugar de la prisión perpetua que corresponde al homicidio calificado, sanción que ayer el tribunal actuante declaró inconstitucional, fue uno de los momentos más significativos del fallo. Ese principio, que ya se aplicó en Rosario, afianza la visión de la pena no como retribución del daño causado, sino como prevención especial con orientación a la reintegración social del penado, conforme a los principios derivados de los tratados internacionales incorporados por la Constitución Nacional.
  El tribunal pareció admitir que se afectó el debido proceso en base a esto:
  u se reconoció que hubo tres procedimientos policiales con afectación del derecho a la intimidad y la protección del domicilio.
  u La detención de José Darío Guajardo fue contraria a derecho lo que incidió en su absolución.
  u Se tuvo que anular parcialmente la pericial balistica y el fiscal no pudo probar que las armas de los policías implicados en el hecho eran las utilizadas por ellos la noche del incidente.
  Sin embargo el tribunal no admitió la afectación del derecho de defensa, porque ello implicaba declarar nula toda la instrucción, lo que habría implicado la libertad de los tres imputados. Eso habría creado un enorme impacto en la opinión pública de Rufino.
  Desde la defensa quedó abierta la posibilidad de la apelación y la via extraordinaria por violación del principio de defensa para, en función de ello, llegar a organismos internacionales.
  Para llegar a la solución que propuso con su sentencia, del caso, el tribunal se vio obligado a realizar interpretaciones forzadas de los tipos penales atribuidos a los imputados, lo cual hace posible estimar que habrá apelaciones ante un tribunal de alzada. Eso debería resolverlo la Cámara Penal de Rosario.

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