El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego condenó a penas de entre tres y siete años de prisión efectiva a los seis acusados de integrar una banda dedicada a la trata de personas en la ciudad de Ushuaia que captaba a sus víctimas a través de anuncios que salían publicados en el diario Clarín, para explotarlas luego en un conocido cabaret de la capital provincial.
  De esta forma concluyó el primer juicio por este tipo de delito realizado en Tierra del Fuego aunque de todos los condenados sólo uno quedó en prisión, mientras que cuatro que recibieron prisión efectiva fueron liberados tras haber apelado y hasta que la sentencia quede firme.
  Especialistas aseguraron que la condena constituye un “antecedente de peso” sobre la valoración que la Justicia dará a otros hechos similares sujetos a investigación en la provincia.
  La condena principal, a siete años de cárcel, recayó sobre Víctor Antonio Morales, propietario de Black And White, un conocido local nocturno de la capital fueguina que servía de base para la captación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad social y su posterior explotación sexual, según dieron por demostrado los investigadores.
  Además, recibieron cinco años de prisión Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja de Morales; Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia y María Cristina Ledezma, mientras que también se le aplicó una pena de tres años de prisión en suspenso a Mauro Luciano Morales Ledezma, uno de los hijos del jefe de la banda.
  Todos los imputados fueron hallados “coautores penalmente responsables” del delito de “trata de personas agravado”, por la participación de más de tres personas y por la existencia de más de tres víctimas, salvo Mauro Morales, al que consideraron “partícipe secundario” del mismo ilícito.
  El veredicto del juicio fue leído en una sala de audiencias colmada por manifestantes de organizaciones sindicales y sociales que militan por los derechos femeninos, la erradicación de la trata de personas y la prostitución.
  Los activistas celebraron el pronunciamiento judicial al que le adjudicaron una “enorme importancia” por “tratarse del primer caso en Tierra del Fuego”.
  El fiscal general del distrito, Adrián García Lois, aseguró que el monto de las condenas coincidió con el solicitado por el Ministerio Público durante la etapa de alegatos.
  “Para nosotros es un paso fundamental que marca el derrotero de futuros juicios similares. Es un hito para la Justicia en la provincia y una certeza sobre cómo se interpretan las leyes por los jueces del distrito. Por eso estamos muy conformes”, señaló el funcionario judicial.