"Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita del amparo legal, el poderoso tiene su propia ley, que es su fuerza". Con esa cita a Raúl Scalabrini Ortiz, a la una y diez de la madrugada del 17 de septiembre de 2009, Agustín Rossi culminaba su discurso de cierre previo a la votación de la ley de servicios de comunicación audiovisual en el recinto de Diputados. Minutos después, 147 diputados votaban a favor, cuatro en contra, con una abstención y la nunca explicada ausencia de casi la totalidad de la oposición, 104 diputados. Entre ellos los bloques enteros de la UCR, el PRO, el Peronismo Federal (hoy heredado por el emergente Frente Renovador de Sergio Massa) y el ARI-Coalición Cívica, entre otros, que ante la inevitabilidad de la derrota en el recinto optaron como último recurso impugnarla desde afuera.
Además de Rossi, también apretaron el botón verde a favor de la ley y entraron en la historia su hermano Alejandro, Ana Berraute, el ya fallecido Juan Sylvestre Begnis, Gustavo Marconato y Paulina Fiol (los seis del Frente para la Victoria de Santa Fe).
Por lo demás, entre las voluntades a favor de la ley en general (147) se contabilizaron aquel día los votos de los diputados socialistas. A pesar de las interminables y brutales presiones recibidas desde los medios de comunicación que intentaron hasta el último minuto bloquear la sesión, los santafesinos Silvia Ausburger, Miguel Barrios, Mónica Fein, Verónica Benas (aliada al bloque del PS), Elda Gerez, Pablo Zancada y María Elena Martín votaron en general la ley de medios.
Pero inmediatamente se diferenciaron del oficialismo votando negativamente los artículos 32, 14 y 161. Justamente este último el que motivó el pleito judicial del Grupo Clarín que durante cuatro años impidió la aplicación y que ayer la Corte Suprema falló a favor de su constitucionalidad.
El artículo que obliga a desprenderse de licencias a los grupos de medios que tengan posiciones monopólicas.
Entre los diputados santafesinos que aquella madrugada de septiembre de 2009 optaron por mirar por televisión desde sus despachos el desenlace final de la sesión se contabilizan: Walter Agosto, Ariel Dalla Fontana, Jorge Obeid (los tres del extinto Peronismo Federal); Susana García (ARI-Coalición Cívica), Fabián Peralta (GEN) y Pedro Morini (UCR), los tres aliados del socialismo santafesino.
Estos seis diputados, a su modo, también entraron en la historia. Se ausentaron a la hora de votar la ley de medios de la democracia que ayer la Corte Suprema avaló definitivamente.
"Lo más importante de esta ley es que ataca la concentración, que propone una comunicación que no sea en un solo sentido. Porque hoy vemos que muchas voces tienen más amplificadores que otras", había argumentado Rossi minutos antes del cierre, en medio de una inusual escena: el 40 por ciento del recinto se encontraba vacío.
El 9 de octubre, 22 días después de la sesión en Diputados, en el Senado de la Nación las cosas no fueron muy diferentes.
"¿Por qué en 26 años no fuimos capaces de sancionar una ley de medios?, si tenemos honestidad intelectual la respuesta es simple: desde el poder siempre convino mantener, consolidar y profundizar el statu quo vigente. Para los distintos gobiernos fue más fácil mantener un Comfer intervenido, que es una estructura oscura, discrecional, más parecida a la Side que a un órgano de regulación de la radiodifusión de la democracia", puede leerse en la versión taquigráfica los dichos del senador rosarino del Partido Socialista Rubén Giustiniani, el único de los tres santafesinos que votó a favor en general.
Carlos Reutemann y Roxana Latorre, ambos senadores por Santa Fe encuadrados por entonces en el peronismo opositor, se quedaron a votar en la sesión y votaron negativo. El resultado en la Cámara alta fue 44 a 24, con 4 ausencias.
"El artículo 32, el 14 y el 161 determinan una discrecionalidad que el oficialismo no pudo explicar, se trata de una cuestión de sentido común", argumentó Giustiniani para votar negativamente esos artículos. La propuesta del PS, en ambas Cámaras, fue que "la desinversión se hiciera en tres años y no en uno", como finalmente fue aprobado.
Por obra y arte del Grupo Clarín y de las distintas instancias judiciales, pasaron cuatro años desde entonces, uno más de los tres que pidió Giustiniani en la noche de la histórica sesión.
