Representantes de pueblos originarios denunciaron ayer en el Congreso de la Nación desalojos de sus tierras. Félix Díaz representante de la comunidad Qom la Primavera (Formosa) reclamó ayer ser recibido por la presidenta Cristina Fernández para explicarle la situación que viven las comunidades.

También reclamaron cumplimiento de la ley 26.160 y la ratificación del convenio 169 para evitar ser corridos de los territorios que ocuparon sus ancestros. Los miembros de las comunidades fueron acompañados por los diputados de Proyecto Sur Alcira Argumedo y Jorge Cardelli, y Silvia Vázquez por el Partido de la Concertación.

"La causa indígena todavía está en la banquina de nuestra historia", dijo Miriam Liempe, secretaria de Pueblos Originarios de la Confederación de Trabajadores de Argentina (CTA).

Cardelli, también de la CTA, explicó que se trata de "un proyecto político de interculturalidad que no sólo se resuelve con palabras. Son 33 las comunidades afectadas por desalojos.

Argumedo consideró que "no se trata sólo de la reivindicación de un derecho, sino de un llamado a la humanidad de que debe revertir esta ambición de lucro", con lo que denunció, entre otras cosas, la explotación hidrocarburífera y minera que obliga al desalojo de estos pueblos en varias regiones de la Argentina.

Por su parte, la diputada Silvia Vázquez (De la Concertación-Forja), quien presentó el proyecto para otorgarle rango constitucional al convenio 169, exclamó: "Quiero exigir que nos acompañen en la voluntad política para que no nos vayamos el 10 de diciembre sin haber cumplido con esta misión".

La ley declara "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país". El convenio, ya ratificado por 20 países, establece la identificación de los pueblos, el reconocimiento de la cultura y otras características de los pueblos e insta a la consulta y participación y a la no discriminación.

A casi un año de la represión en Formosa tras el reclamo de la comunidad Qom, Díaz, denunció que aún "no han tenido respuesta" e indicó que "los pueblos del Interior son "los que más sufren". También criticó la "falta de apoyo jurídico" para esta causa.