Entre juicios perdidos y otras deudas, el municipio de Arroyo Seco debe más de ocho millones de pesos, la mayoría a una firma petrolera y a un estudio de abogados, que precisamente lo defendió en varios de esos procesos. Ya se trabó a favor de estos letrados un embargo a las arcas por un total de 250 mil pesos que, pese a que será apelado ante la Corte Suprema de Justicia hoy mismo, el intendente Darío Gress lo da por perdido. "De todas maneras, el recurso nos dará tiempo para ver si podemos cerrar un acuerdo y si el Concejo se moviliza y lo aprueba".
Tal como suena, el jefe municipal reprocha a los concejales "no haberle dado la importancia que corresponde y ni siquiera tratar las dos propuestas de negociación que elaboró el Ejecutivo y eso devino ahora en este embargo, que impactará directamente en las partidas que tenemos destinadas para el pago de sueldos, la prestación de servicios y las obras que se están ejecutando. Es una lástima porque estamos trabajando bien", dijo el mandatario a La Capital.
Antes de entrar en detalles, Gress remarcó que entre el municipio y las partes a las que éste les debe dinero "venimos teniendo un buen diálogo y hay voluntad de éstas. Estamos evaluando distintas propuestas de pago, sólo que estamos discutiendo intereses. Tenemos voluntad de pago y vamos a honrar la deuda, más allá de que no la generó esta gestión sino la del intendente anterior que gobernó esta ciudad durante dos décadas", indicó en alusión al ex titular del municipio, Pedro Spina.
Conflicto tributario. Fueron constantes los juicios entre la administración del ex jefe municipal y la firma Shell, siempre por el pago del Derecho de Registro e Inspección (Drei). El último, que data de 2007, lo inició la empresa en disconformidad con el cobro en concepto de ese tributo de una cifra millonaria que hoy se traduce en unos cuatro millones de pesos. "La firma depositó el dinero y después acudió a la Justicia. Pero resulta que Spina, en vez de guardarlo hasta tener una resolución, lo gastó en la campaña de los comicios de ese año —que perdió— y a continuación devinieron los fallos desfavorables y ahora hay que pagar".
En este juicio y en procesos anteriores de toda índole, el ex intendente Spina acudió a los servicios del estudio jurídico de los abogados Ricardo Moscariello, Daniel Nallino y Hugo Domingo.
El primero de los profesionales nombrados se desempeñó en la gestión anterior como asesor letrado municipal, mientras que los otros dos prestaban su servicio "por fuera" de la administración de Spina, según explicó Gress.
Lo llamativo es que "la anterior gestión, con el aval del Concejo, celebró un convenio con este estudio de profesionales por el cual en todo proceso judicial en el que intervinieran como defensores del municipio, aún perdiendo, cobraban igual los honorarios que ahora reclaman. Incluidos los intereses, los letrados pretenden cobrar 2.100.000 pesos por representar al municipio hasta el 2007", indicó el actual intendente.
Fondo impago. Para colmo de males, Gress recordó que el municipio tiene una deuda histórica de unos 2,5 millones de pesos al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), que se está saldando en cuotas de alrededor de siete mil pesos mensuales, durante 30 años.
"En 2008 asumimos y en 2009 tuvimos que declarar la emergencia económica. La piloteamos, saneamos la administración y no hemos tenido ningún problema, aunque siempre supimos que teníamos estos problemas", aclaró Gress, y aclaró que "hasta que no agotemos todas las instancias posibles, no pediré ayuda (al Estado provincial o nacional) porque apelo a la buena voluntad de ellos —por los acreedores— y del Concejo".
