El Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF1) de Rosario comenzó ayer el juicio oral por la llamada causa Guerrieri II, que engloba delitos de lesa humanidad cometidos en cinco centros clandestinos de detención (CCD) de la zona. Este proceso suma siete imputados más a los cinco que ya fueron condenados a cadena perpetua en 2010 y acumula tres expedientes diferentes. En la audiencia de ayer se comenzó con la lectura del pedido de elevación a juicio por parte de la Fiscalía, mientras que en el caso de las requisitorias de las querellas se procedió a hacerlo en forma abreviada. En ese sentido, el tribunal cumplió una de las recomendaciones de la Cámara de Casación para acortar los plazos de los juicios de lesa humanidad, actitud que, se espera, también adoptará en otros aspectos del debate.
Los ex oficiales jefe del Ejército Pascual Guerrieri, Jorge Fariña y Daniel Amelong, y los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, fueron condenados a cadena perpetua el 15 de abril de 2010. En aquel momento quedaban muchos imputados por los mismos delitos que no habían sido llevados a juicio pero ayer les tocó sentarse en el banquillo de los acusados: se trata de los ex militares Marino González y Joaquín Gurrera, y los ex personal civil de Inteligencia (PCI) Ariel Porra, Alberto Pelliza, Ariel López, Juan Cabrera y Carlos Sfulcini.
Mientras los cinco primeros serán juzgados por el delito de asociación ilícita, los siete segundos están acusados de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 26 personas, la mayoría de los cuales está desaparecida. En esta oportunidad, además, serán juzgados Sfulcini, Porra y Cabrera por la desaparición de Rubén Tito Messiez.
La cantidad de imputados obligó a restringir aún más el espacio para el público en la, de por sí, pequeña sala de audiencias, dejando lugar para menos de 20 asientos. A su vez, de los 12 acusados, once se ubicaron juntos, mientras que Costanzo pidió estar distanciado y con custodia de por medio. Costanzo hizo en su momento importantes revelaciones del accionar de la patota y los centros de detención.
En tanto, los numerosos militantes y organismos de derechos humanos que se congregaron en la puerta del Palacio de Tribunales de bulevar Oroño pudieron seguir las instancias a través de una pantalla de TV.
Apurando el paso. En la audiencia de apertura realizada ayer, se inició la lectura de las requisitorias de elevación a juicio de las querellas y la Fiscalía. En el caso de los querellantes, el trámite se hizo de modo abreviado y sólo se lo hizo de forma completa en el caso del Ministerio Público, aunque también con recortes en pos de acelerar los plazos. De esta manera este paso del proceso, que en otros casos se extendió por semanas, ahora se cumplió en una sola audiencia. La semana que viene se pasará a los planteos previos de las partes, y posteriormente se dará paso a las declaraciones de los imputados.
Esto fue así en cumplimiento de una acordada de la Cámara de Casación sobre los juicios de lesa humanidad. En ese sentido, se prevé que el testimonio de buena parte de los 170 testigos previstos se incorpore por lectura de lo que ya dijeron en el juicio oral Guerrieri I cuatro años atrás, todo lo cual permitiría al Tribunal dictar sentencia antes de fin de año. Vale recordar que el primer proceso insumió unos ocho meses.
En este caso, el TOF1 no está integrado por sus miembros habituales, que en algunos casos fueron recusados y en otros se excusaron por haber intervenido en el primer juicio, sino que está compuesto por el TOF de Paraná: Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros. Fuentes allegadas al juicio recordaron los antecedentes de los tres jueces que han tendido a agilizar los procesos más que sus pares rosarinos.
La patota del 121. Todos los imputados fueron parte del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, compuesto por personal militar y civil, conformando lo que se denominó "la patota del 121". El texto de la Fiscalía, representada en el juicio por Gonzalo Stara, recordó que esa unidad estaba a cargo del fallecido general Alcides Juvenal Pozzi, y que su segundo y corresponsable en todo era el imputado Pascual Guerrieri.
El grupo represivo se desenvolvió por varios años en la zona, utilizando los CCD Quinta de Funes, La Calamita (en Granadero Baigorria), la Escuela Magnasco (Rosario), La Intermedia (en La Ribera) y la Fábrica de Armas Domingo Matheu.
Los abogados de las querellas destacaron que este proceso marca "el inicio de los «segundos juicios» de los mismos circuitos clandestinos de represión y con nuevos imputados", por lo que "esta vez vamos a tener una dimensión un poco más cercana a la realidad de lo que fue el accionar de la patota de Guerrieri".
En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido cuatro años atrás, serán testigos varios de los integrantes de Hijos que son querellantes. Uno de ellos es el actual diputado provincial Eduardo Toniolli (FpV), quien remarcó que si bien no fue testigo de los hechos, "porque a mi viejo lo secuestraron un mes antes de que yo naciera, sí hemos sido testigos de una ausencia, de un delito que perdura como es el de desaparición forzada, y también de un proceso histórico y sus consecuencias en el tiempo".
