El control que realizó el Ministerio de Desarrollo Social sobre la aplicación del Programa Social Nutricional (Prosonut) en las ciudades de Santa Fe y Rosario sigue asombrando. Entre otras perlitas reluce una asociación civil que embolsaba 16 mil pesos de las arcas provinciales y no pudo demostrar cómo los aplicaba. Y eso no es todo, ya que además recibía 25 mil pesos de la Nación.

El monitoreo de la ayuda social comenzó en los últimos meses de 2008 y detectó casi un centenar de irregularidades sumando ambas ciudades. En Rosario se dieron de baja 44 copas de leche y 1 comedor comunitario con asiento en la zona norte de la ciudad, en las inmediaciones del lugar conocido como Puente Negro y del que no se descartan vinculaciones políticas.

Por ahora las autoridades son más que cautas para dar a conocer la lista de las instituciones o personas físicas que desviaban la ayuda social recibida o le daba un uso distinto al declarado. Hasta llegó a darse el caso de que los inspectores no encontraron funcionando un comedor en la dirección declarada en el convenio. "La señora que estaba en el lugar dijo que ahí funcionaba una copa de leche", explicó una fuente consultada.

Así de intrincados, complejos y por ahora, hasta presuntamente ilegales, son los caminos que tomaron algunos de los subsidios otorgados en el marco del Prosonut, en las versiones comedores o copa de leche. Claro que la contracara también existe. "Hay organismos y referentes barriales que aplican muy bien los subsidios que reciben", explicó el titular local de la cartera asistencial, Julián Galdeano.

Asistencia. El estado provincial administra, entre otros, el Prosonut; que transfiere fondos a municipios u organizaciones que acrediten tener un comedor o copa de leche destinado a niños de 2 a 12 años con núcleos familiares en condiciones de pobreza estructural.

"Cuando asumimos encontramos una gran cantidad de estos subsidios asignados a personas o centros comunitarios sin personería jurídica, esto unido a las denuncias que comenzamos a recibir, hizo que intensificáramos los controles", explicó el titular del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, Pablo Farías. Y aclaró que para recibir fondos de copa de leche hasta ahora no había necesidad de presentar personería jurídica.

Pero el mayor aporte de datos lo dan los propios vecinos. "Hasta tomaron el número de patente de los vehículos que venían a retirar la mercadería que llegaba desde la provincia", fue otro de los testimonios. También hubo denuncias de los concurrentes a los comedores, quienes aseguraron que las cocineras se llevaban los mejores trozos de carne. "Los vecinos se dan cuenta cuando les van dando de comer con menos plata, y hacen las denuncias", dejó trascender otra de la fuentes consultadas.

La investigación detectó varias irregularidades y hubo para todos los gustos. Ollas de 10 litros para 300 comensales declarados, cambios de horario para evitar inspecciones en barrios pesados y controles custodiados por móviles policiales porque el ambiente estaba más que caldeado.

Interrogantes. ¿Por qué la ayuda del Estado pasa por manos privadas para llegar a los destinatarios? Según las autoridades, la crisis de 2001 hizo más laxo el mecanismo de control de la ayuda social cuando las necesidades duplicaban la capacidad de acción del Estado y entraron en escena las organizaciones barriales y sus referentes o punteros. En ese marco, la exigencia de personería jurídica pasó a segundo plano.

Como efecto no deseado de aquella situación vulnerable también se extendió la especulación: hubo asistencia social duplicada por los tres niveles de gobierno y hasta controles relajados para consolidar territorios políticos.

"Como parte del control pedimos declaraciones juradas a los grupos informales que recibían el Prosonut, y los que no pudieron presentarlos quedaron sin el subsidio", detalló Farías. Con respecto al carácter de los grupos, el funcionario aclaró que "algunos tenían identificaciones políticas, como los que realizan los piquetes, y otros no".

Ahora se pondrá en marcha un sistema de control que incluye visitas sorpresa y normativas que permitan preconstituir en pruebas a las situaciones encontradas. La lupa se aplicará en Rosario y Santa Fe, ya que en el resto de la provincia se confía en que los propios gobiernos locales fiscalicen la administración de la ayuda social.

Denuncias

De los 45 subsidios dados de baja en Rosario, 44 son copas de leche. Este programa se concentra en la zonas sur y oeste y sólo en barrio Las Flores hay 52. En Santa Fe se dio la situación inversa, la mayor parte de los rescindidos fueron los comedores comunitarios. Ayer, el teléfono 472-1122 de Desarrollo Social siguió recibiendo denuncias.