Un juez de Córdoba suspendió la aplicación en los hospitales pertenecientes a la provincia de un protocolo médico para la interrupción de embarazos provocados por violaciones, según se conoció ayer.

El magistrado en lo civil y comercial de 30ª denominación, Federico Ossola, suspendió la resolución vigente en el territorio cordobés tras aceptar un recurso de amparo presentado por la asociación civil Portal de Belén.

Hace dos semanas el ministerio de Salud de Córdoba había dado a conocer la "guía de procedimiento para la atención de pacientes" que soliciten prácticas de aborto no punibles.

Portal de Belén opinó que el protocolo para abortos no punibles era "un verdadero desatino que permite terminar con la vida de un niño con sólo una declaración jurada que diga que la madre ha sido violada, y sin mediar denuncia al supuesto violador".

La medida judicial que suspende los abortos regirá para los hospitales provinciales pero no alcanzará a los hospitales nacionales que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El decano de la facultad de Ciencias Médicas, Gustavo Irico, indicó que la institución educativa "es autónoma y autárquica", y que la rectoría del establecimiento responde al ministerio de Salud de la Nación.

Por este motivo, "las cuestiones judiciales se dirimen en la justicia federal", señaló Irico.

Al respecto, el decano indicó que el protocolo para abortos no punibles seguirá aplicándose en el Hospital Nacional de Clínicas y en la Maternidad Nacional.

La medida judicial, en tanto, tiene un alcance genérico, no apunta a un caso concreto ni tampoco avanza sobre la cuestión de fondo, reportó la prensa cordobesa.

"Un desatino". Portal de Belén opinó que el protocolo para abortos no punibles era "un verdadero desatino".

El 20 de marzo pasado, la "campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito" presentó ante la Cámara de Diputados, por cuarta vez en cinco años, el proyecto de ley para despenalizar esa práctica. La iniciativa fue avalada por 47 legisladores del oficialismo y opositores.

La presentación fue formalizada una semana después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó que el aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación. El máximo tribunal interpretó en su fallo los alcances del artículo 86, inciso 2 del Código Penal.

La iniciativa establece que "toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional".