(Enviado) Lunes 24 de agosto, segundo tribunal de juicio oral, Santiago, hora 12.50. A la sala es ingresado Erik L., de 20 años. Lo detuvieron en la comuna de Renca a las 22.30 del día anterior. Llega acusado de robo y lesiones calificadas por arrebatar el celular a la pareja de su hermano tras asestarle un culatazo que hizo necesaria una internación.

Lo que se está controlando, como primer paso del proceso judicial, es la legalidad de la detención policial de Erik, ocurrida la noche antes. Una jueza de garantía, tras escuchar al acusado, al fiscal y al defensor, le dicta al joven la prisión preventiva. Pero le aclara al fiscal que tiene 30 días para terminar su investigación. Cumplido ese plazo todos deberán reunirse de nuevo. Y entonces, según la prueba que a exhibirse allí, se decidirá. Si la evidencia alcanza, se fijará el inicio de un juicio oral o abreviado. Como sin prueba no se puede acusar, si no hay prueba se termina el proceso.

La audiencia, tras la cual empezó otra, duró 22 minutos. En ese lapso se determinó que el arresto fue limpio y que en un mes se pondrá fecha al juicio o se cerrará el caso tras una detención registrada 14 horas antes. Si hay elementos para que lo juzguen, Erik tendrá sanción o será absuelto en muy poco tiempo, en un fallo que cerrará el caso. Si no se puede demostrar tal cosa, se irá en libertad en cuatro semanas.

Esta es la primera parte del sistema de enjuiciamiento criminal que rige en Santiago de Chile desde 2005 y que anticipa, en parte, el modo en que se juzgarán los delitos en Santa Fe, cuando la reforma procesal rija en forma plena. Es la transformación de un paradigma histórico, que tiene impacto en todo. Pero que todo se haga claro tiene pros y contras.

El impacto. El primer efecto es que los casos, es decir la suerte de las personas, no se acumulan ni se pierden en el secreto, como pasa hoy en la provincia. Los periodistas ya no encontrarán el odioso argumento del secreto del sumario con el que se rigen las pesquisas santafesinas. La contracara es que, para averiguar lo que deseen, deberán o estar presentes en las audiencias, donde la investigación no es cerrada sino de libre acceso a las partes y al público.

El sistema obliga a trabajar en forma rápida, coordinada y pública. La contrapartida es que desaparece el paisaje de toneladas de expedientes hundiendo estantes de juzgados, lo que implica seres humanos sin su situación resuelta.

“He sido juez del sistema escrito y como todos tenía preocupaciones antes del cambio. Pero hoy integro un sistema enormemente más justo. Mi mayor gratificación laboral es irme a casa cada tarde con la sensación de estar al día”, comentó Alberto Amiot Rodríguez, juez de garantía del nuevo sistema. Por esta razón, el 80 por ciento de los 50 mil presos en Chile tienen condena. En Santa Fe es al revés: el 80 por ciento de presos en comisarías y penitenciarías están con prisión preventiva, es decir, no declarados culpables.

Es palpable en las salas: la transparencia del proceso oral decreta el fin de arraigadas rutinas de trabajo de policías, jueces, fiscales y abogados. Como la prueba en la audiencia es perforada por los filosos ojos de las partes, la policía no podrá más dibujar hechos que no existen o disimular los que sí ocurrieron, lo que termina con una tradición de arreglos tan criolla como el mate, la misma que liquida el negocio de abogados sacapresos o de los que arreglan accidentes de tránsito. Algunos intereses corporativos, por esto, ya se están haciendo oír.

La policía. Los policías chilenos hoy saben que su función no acaba cuando terminan el acta, sino cuando son capaces de explicar su trabajo en una audiencia judicial. “Al principio nuestros policías, aún los más honestos y profesionales, han pasado vergüenza en las audiencias. Se ofendían terriblemente porque, interrogados por los jueces o defensores, saltaba una forma muy deficiente de trabajo, que ellos tomaban como ataques personales, aunque no los fueran”, dice Rodrigo Balart Carrizo, comisario de la Policía de Investigaciones de Chile e inquieto abogado. Esto ya no pasa. “Si van nada más que con un papel acusando a alguien, el juez los manda a la casa a él y al detenido que le llevaron. Este sistema enseña al policía que detener sin procurar testigos y trasladar prueba resguardada no sirve para nada”.

Esto también supone el fin del modelo de los tribunales trabajando de 7 a 13. “La salud pública exige hospitales abiertos las 24 horas porque la enfermedad no para. El crimen tampoco tiene horario acotado”, decía el diputado provincial Santiago Mascheroni (UCR), tras conocer el trabajo sin interrupciones de las fiscalías, en el Centro Judicial de Santiago el martes pasado (ver aparte).

Sobre el Ministerio Público —es decir, las fiscalías— recae el trabajo de recibir a las víctimas y denunciantes de delitos, de organizar las acciones para aclarar los ilícitos pero también —diferencia mayúscula— decidir qué denuncias desechará, lo que implica no engordar inútilmente los tribunales con causas que el actual sistema en Santa Fe, por ejemplo, inscribe mucho pero investiga poco.

No hacer, pero decirlo. Las denuncias a no investigarse suponen una parte del sinceramiento del sistema. Si valoran que no hay pistas o antecedentes para aclarar las denuncias, los fiscales chilenos, y en el futuro los santafesinos, las archivan.

¿Por qué lo hacen? Porque saben que si una denuncia llega más arriba sin esos elementos, el juez la descartará, lo que habrá significado trabajo inútil, que los empleados judiciales deben reservar para las causas que sí tienen pruebas. Si no futuras quejas, al menos esto termina con una hipocresía, porque en Santa Fe el sistema promete lo que no hace. “Lo más negativo es no poner término al conflicto de ninguna manera”, dijo el ministro de la Corte Nacional de Chile Haroldo Brito en una reunión privada donde estaban la vicegobernadora Griselda Tessio, el ministro de Justicia Héctor Superti y tres ministros de la Corte provincial.

También los fiscales pueden decidir no iniciar una causa si el hecho denunciado no compromete gravemente el interés público o no es un delito cometido por funcionario público. Será antipático, pero tiene sentido: como los recursos humanos nunca permiten abarcar todo, entre la investigación del robo de un monedero o un delito económico complejo está claro que se debe elegir. No es lo mismo que prescriba, por ejemplo, la millonaria causa IBM-Banco de Santa Fe que un robo menor.

Esto no quiere decir que robos medianos o pequeños no se investiguen. Pero para aliviar la carga del sistema están previstas, como ocurrirá en Santa Fe, una serie de salidas tempranas a los conflictos. Por ejemplo, acuerdos reparatorios, donde el acusado ofrece una compensación a la víctima, o suspensiones condicionales del trámite, donde el fiscal aplaza la investigación si el imputado, sin tener penas previas, acepta una restricción de su libertad por un tiempo determinado.

El juez de garantías Amiot Rodríguez explicaba esto así: “Antes, con el juicio escrito, el sistema con las denuncias operaba como un embudo: una enorme boca que recibe todo pero por la que sale muy poca respuesta. El régimen actual en Chile es un embudo al revés: discrimina mucho arriba pero se ensancha hacia abajo resolviendo mucho”.

Esto es lo que se busca en Santa Fe: un esquema más racional, que no malgaste recursos económicos en casos que se inician pero no terminan, que ofrezca soluciones a las víctimas y que sea más justo con los acusados de delitos. Habrá que atender a que la exigencia que supone el nuevo modelo aquí respete los derechos de los que prestan tan esencial servicio.