La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe sancionó el proyecto de ley que establece un período de transición para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) que estableció el juicio oral y público para juzgar a quienes cometan cierto tipo de delitos.

En su sesión ordinaria de ayer a la noche, la Cámara alta también aprobó sobre tablas, pero con modificaciones (por lo que los proyectos fueron devueltos a Diputados) otras tres iniciativas complementarias del nuevo CPP, entre ellas las que organizan el funcionamiento del Ministerio Público (fiscalías y defensorías penales) y la implementación del mapa judicial con los nuevos tribunales penales en la provincia.

La norma que establece el tránsito al nuevo sistema penal santafesino prescribe un período de tres años para la implementación progresiva y a partir del primer día de vigencia de la ley 12.734, sancionada a fines de octubre de 2006, por lo que a fines del próximo mes debería estar todo el mecanismo en funcionamiento. El texto legal instauró el juicio oral y público que ya se encuentra vigente para el juzgamiento de cuatro figuras delictivas en la provincia.

Las reformas. Con respecto a las reformas introducidas por las comisiones del Senado a los proyectos relativos al funcionamiento del Ministerio Público, el legislador justicialista Ricardo Kaufmann, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que "no se atentó contra la esencia de los proyectos de ley sino que se ajustaron puntos para garantizar la transparencia en los procesos de designación y remoción de los funcionarios que se desempeñarán en esos ministerios". En tal sentido el senador por el departamento Garay remarcó que, al haberse otorgado en el nuevo sistema penal un poder mayor a los fiscales y defensores, estos funcionarios deben ser equiparados a los jueces para su designación a través de concursos públicos y acuerdo legislativo". Y los requisitos que se tendrán en cuenta están referidos a la elevación de la edad y la antigüedad en el ejercicio de la profesión. Además se limita a seis años la duración de las funciones del fiscal general.

Con las modificaciones introducidas ayer por el Senado santafesino, las tres iniciativas volvieron en revisión a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.