Mientras el sistema penal espera ser renovado totalmente a fin de año, su perversidad persiste en aflorar como la carcajada de un moribundo. Uno de los buscados en la causa que conduce el juez Juan Carlos Vienna es Luis "El Pollo" Bassi, de 33 años. Le atribuyen integrar una red delictiva, lo presumen vinculado al crimen de Claudio "Pájaro" Cantero, tiene doce causas y ninguna condena. Salvo que el Estado se ensañe contra él, esa historia en los Tribunales no habla sino de una patética impericia. Mientras Vienna lo busca por asociación ilícita, un juzgado ubicado a 10 metros del suyo concedió a Bassi días atrás un sobreseimiento, tras ser procesado por balear a un patovica en 2011.

Eso con Bassi pasó siempre. La semana pasada, por caso, el juez Alejandro Negroni ordenó detenerlo por el crimen de Juan Pablo Colazo. No lo hallaron. Es un círculo neurótico: por delitos parecidos, unos jueces lo buscan y otros lo desvinculan.

Reparar en este arraigado modo de ser del sistema de juicio es oportuno ahora que el gobierno provincial, en sus vertientes Ejecutivo y Judicial, lanzaron una avanzada contra las bandas criminales donde se entreveran nudos históricos de violencia y narcotráfico. Muchos de los actores ahora buscados estuvieron presos hace poco. Varios de los requeridos del clan Cantero, por ejemplo, fueron juzgados y absueltos en 2011 por el homicidio de Walter Cáceres.

Sería irreparable que la pretensión estatal de colocar a los señalados de siempre en el camino de la sanción se despedace, una vez más, por la carencia de una estrategia investigativa estructurada y basada en prueba rigurosa e incontestable.

Esa parece la cuestión a agendar. La Justicia penal y el gobierno provincial se vieron obligados a actuar contra las bandas porque no les quedó otra opción. Ya se comprobó que no hacerlo abre un tajo abismal debajo de los pies. Si los perseguidos de ahora logran lo de siempre todo, aunque no lo sea, parecerá una farsa. Con sus costos concurrentes.

En los últimos tres años, detrás de cada asesinato mafioso en Rosario, con su desfilar de apabullantes similitudes de uno a otro, perduró la impunidad. Con excepciones puntualísimas como el triple crimen de Villa Moreno, donde una presión clamorosa empujó hacia resultados aún provisorios, o el caso de "Pimpi" Caminos, de notorio impacto público. Casos con víctimas acribilladas en la calle, a la luz del día, frente a testigos, en áreas transitadas. En disputas atravesadas por cuestiones de drogas, entre actores de tramas asociadas, muchos con causas penales reiteradas y que se mueven en zonas definidas. Torrenciales, los hechos se abatieron sin que nadie siguiera los eslabones de una cadena notoria.

Aún es muy difícil explicar este paisaje. La decrepitud del modelo de esclarecimiento se filtra en objetos insólitos. Del celular que tenía Martín "Fantasma" Paz dentro del BMW donde hace 9 meses lo mataron de cinco tiros brota algo que apesta como el aullido de una cloaca.

Hace dos semanas este diario publicó nombres que constan en la agenda de ese celular. Sus contactos sugieren las razones de la renuencia a aclarar nada. Junto a notorios locales del narcotráfico que allí figuran, están los teléfonos de dependencias policiales que deben perseguir el comercio de drogas y de oficiales jerárquicos de reciente paso por ellas.

En los siete primeros meses de la causa los contactos de Paz no fueron ni seguidos ni cruzados. Algo tan simple como hacerlo permitió en los últimos tres meses conseguir, aunque provisorios, los primeros resultados concretos en años contra redes criminales protegidas. Los domicilios de los violentos de más de una década empezaron a ser requisados y sus propiedades descubiertas. Inmuebles, camionetas, autos, motos, dinero en efectivo, teléfonos. Redes comerciales y de comunicación al servicio de una riqueza de imaginable pero incierto origen. Están ahí las huellas insinuadas de una compleja asociación ilícita.

Esas acciones explicarían algo verificable: los homicidios mafiosos en Rosario se detuvieron hace un mes. Que recomiencen no sólo es probable: es seguro. Una estructura histórica social y de mercado no deja de existir por dos decenas de operativos coyunturales. Pero el repliegue momentáneo de esa tipicidad violenta es elocuente. La primera línea de la criminalidad está en provisoria desbandada, con domicilios cercados y pedidos de captura. Sus fuerzas secundarias (distribuidores, soldaditos, sicarios) han leído con atención ese cambio. La violencia se interrumpió. En algún momento volverá. Los búnkers y la demanda social que los alimenta siguen existiendo.

Los operativos contra Los Monos y otras bandas ponen en incómoda transparencia lo que no se hizo antes. Ordenar escuchas legales sobre los contactos del Fantasma Paz era una medida ordenable la misma tarde que se halló su teléfono. Para hacerlo no eran indispensables cursos en el FBI, eso está en el ABC de cualquier investigador. Pero no se hizo. Para algunos lo riesgoso, en apariencia, era hacer lo obvio.

Olvidado por siete meses, el teléfono de Paz se asemeja al latido de un corazón monstruoso. Deja en claro que la policía planchó una investigación indispensable. Pero muestra también que el sistema judicial y el Ministerio de Seguridad fueron indolentes al no exigirles resultados sobre un hecho de tanta inquietud comunitaria. A diez cuadras del centro, en plena tarde, sin reparar en los testigos, sobre un auto de 400 mil pesos de origen no explicado, un joven fue ejecutado. En términos de estrategia criminal, ¿qué podía tener más prioridad que resolver algo tan atávico del violento delito urbano? Algunos funcionarios del gobierno se preocuparon menos por hechos así que por si iban en las primeras páginas de los diarios o en las últimas.

La oposición tiene bien ganado derecho a hablar, pero no está en condiciones históricas ni técnicas de sermonear a nadie. Estos grupos criminales se afianzaron en los gobiernos precedentes, cuando también un narco se fue caminando de la Jefatura de Reconquista, hubo purgas efectistas e ineficaces y un oficial como Alberto Antegiovanni fue ungido jefe de Drogas Peligrosas.

El Estado invoca su legítimo poder disciplinario para desplazar de la calle a los grupos que aseguran sus intereses particulares en base a una violencia ilegal y perturbadora. En una sociedad que ya conoce de atrocidades en nombre de la pacificación habrá que ser obsesivo con el control de la legalidad de cada operativo. Pero por primera vez parece haber, contra estas redes, acciones orientadas a posibilitar sanciones, que es lo que nunca hubo. A nadie le conviene cantar victoria. "Guille" Cantero, detenido hace dos semanas, ya estuvo preso en 2010. La investigación en su contra no llegó a ningún lado.

Asistimos a un test de credibilidad para el sistema penal y sus actores. Es una oportunidad para no dilapidar con acciones precipitadas o a medias. Lo que se haga mal o no se haga, como el tufo de una cañería, terminará aflorando. El teléfono del Fantasma Paz es el ejemplo más reciente.