La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que el Grupo Clarín "compró jueces, como Bergesio y Cavallo" en la causa que investiga si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que el Grupo Clarín "compró jueces, como Bergesio y Cavallo" en la causa que investiga si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos.
"Hay que pensar mal porque las cosas están malintencionadas", aseveró Carlotto, luego de afirmar que "se compraron jueces, como Bergesio y Cavallo". El ex juez Gabriel Cavallo es ahora abogado de Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín, y el juez Conrado Bergesio fue apartado por la Cámara Federal de la causa que ahora está en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
El viernes pasado, Marcela y Felipe entregaron voluntariamente muestras de sangre y saliva en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), en una actitud que marcó un abrupto cambio de la posición que sostuvieron durante una década en interminables instancias judiciales. Ahora se espera que los perfiles genéticos queden almacenados en el BNDG para ser cotejados con los de familiares de desaparecidos que ya obran en el archivo y también con muestras que lleguen en el futuro.
Carlotto expresó su "sorpresa de que la iniciativa haya surgido de un día para el otro", y consideró la explicación de los hermanos "bastante absurda". Dijo que "aceptan hacer todo y rápidamente, pero empiezan las contradicciones, quizá por estar en una etapa electoral", y expresó que "la decisión debió darse hace diez años, durante los que hicieron tantas cosas absurdas e ilegales".
Agregó que los hermanos "alegan problemas de salud de su madre adoptiva y dicen cosas que realmente no podemos entender", pero que "llegamos a la etapa final, que será en donde corresponde y en tiempo y forma para compararlo con todo el banco, eso es lo más importante".
Carlotto expresó: "Es lo que hemos esperado diez años", luego de sostener que "es lo necesario para saber si Felipe y Marcela son o no los nietos que buscamos". Afirmó que "de no ser los nietos que buscamos, su sangre quedará en el Banco a la espera de nuevas denuncias".
Monja
La monja Nicomedes Caracho declaró ante el Tribunal Oral Federal 6 en la causa por el plan asistemático de robo de bebés. Dijo que vio a un niño de siete años y dos hermanitas de dos y cuatro, primos entre sí, en el hospital de Campo de Mayo, en 1976, y que las niñas lloraban llamando su mamá mientras el nene les decía que “la madre no está más”.
Hora de acusaciones en la causa “Area Paraná”
La causa Area Paraná, que reúne los casos de 70 víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y se tramita mediante un juicio escrito, ingresó en su etapa de definiciones al disponer el juez Fermín Ceroleni que se preparen las acusaciones de las partes.
De esta forma, el expediente, que se tramita bajo el antiguo código de procedimiento en materia penal, ingresó en lo que se denomina la etapa del plenario, donde el Ministerio Público Fiscal y los querellantes reprochan las conductas de los imputados y éstos se defienden. Según resolvió el juez Ceroleni, esta semana será el turno de la Fiscalía y luego vendrán las querellas y las defensas.
En este juicio están acusados los represores Ramón Díaz Bessone, Jorge Appiani, Oscar Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Appelhans, Luis Armocida y Carlos Zapata; el policía federal Cosme Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Bidinost; y el médico Hugo Moyano. De ellos, el principal responsable es Díaz Bessone, por haberse desempeñado como comandante del II Cuerpo del Ejército al momento de los hechos.
Otro que podría merecer una dura acusación es Demonte, señalado como el autor del disparo que asesinó al militante Pedro Sobko y del secuestro de Victorio Erbetta, quienes todavía se encuentran desaparecidos.
Bidinost y Appelhans, por su parte, también tenían un alto grado de responsabilidad por haberse desempeñado como directores de las cárceles de mujeres y varones de Paraná, respectivamente. En tanto, Appiani se desempeñaba como auditor del Ejército y auxiliar del Consejo de Guerra de la Subzona Paraná, con alto grado de responsabilidad en la estructura represiva local.
Los hechos que se investigan son los homicidios y desapariciones forzadas de Victorio Coco Erbetta, Pedro Sobko, Claudio Fink, Juan Alberto Osuna y Carlos José María Fernández; además de alrededor de un centenar de casos de privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones y sumisión a la servidumbre.
Identifican restos de seis víctimas
La Cámara Federal porteña confirmó la identificación de otras seis víctimas de la represión ilegal en la última dictadura, a través del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ya lleva 206 identificaciones de cuerpos NN sepultados en ese período.
Una de las víctimas es Marta Angélica Taboada de Dillon, una abogada y militante de 35 años secuestrada el 28 de octubre de 1976 en la localidad bonaerense de Moreno, que según testimonios de sobrevivientes habría sido vista en el centro clandestino El Vesubio.
También fue identificado Juan Carlos Mora, secuestrado el 1º de diciembre de 1976 con su esposa embarazada, Silvia González. Era un estudiante de 20 años y fue visto por última vez en la comisaría 5ª de La Plata y en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield.
Las otras víctimas son Guillermo Sobral y Marcelo Pag, hallados acribillados junto a Taboada de Dillon y Mora a principios de febrero de 1977 en Ciudadela; Víctor González, un obrero cordobés de 27 años, y Ruperto Méndez, entrerriano de 32 años, quienes habían sido exhumados en 1983 del cementerio de Moreno, tras ser enterrados como NN.