Cinco hombres que integraban una banda de narcotraficantes desbaratada en mayo pasado en el departamento San Javier, desde donde exportaban cocaína con destino a Italia, fueron procesados por el juez federal subrogante de Reconquista, Eduardo Valiente, bajo la imputación de tenencia, comercialización y exportación de estupefacientes.
  La medida alcanzó al colombiano Fabián Antonio Marín Hernández, de 44 años; los salteños Sergio Rafael Velarde, de 32, y Santos Ediberto Bamba, de 35; el neuquino David Gustavo Sagardoy, de 41; y el camionero Roberto Carlos Rodríguez Luna, Cabrito, de 30 años.
  El operativo que deparó en la detención de los ahora procesados se inició en abril cuando agentes de la Policía de Finanzas de Italia descubrieron en el puerto de Nápoles 250 kilos de cocaína que habían llegado desde el puerto de Buenos Aires ocultos dentro de un tronco ahuecado de palo borracho. En el marco de la pesquisa, los investigadores apresaron en aquel país al empresario Arturo Luglietto.

La pista. Al declarar ante los pesquisas itálicos, Luglietto dio pistas sobre el origen de la droga y un mes después los investigadores llegaron a Santa Fe e intercambiaron información con los agentes de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones al mando del comisario Hugo Tognoli.
  Así, el 8 de mayo la policía desplegó el operativo que permitió la detención de cuatro de los cinco procesados. Fue la noche de aquel día, en una finca semiderruida que se levanta a la vera de la ruta provincial número 1, en el paraje Colonia Francesa, 3 kilómetros al sur de la ciudad de San Javier, donde fueron apresados Marín Hernández, Velarde, Bamba y Sagardoy. Además, se secuestraron 88 panes de cocaína de máxima pureza que estaban siendo acondicionados para un nuevo embarque hacia Italia. En tanto, un mes después, fue apresado en la ciudad bonaerense de Avellaneda el camionero Rodríguez Luna, quien había transportado el tronco ahuecado de palo borracho con la droga hasta el puerto porteño.
  Tras las cinco detenciones, el juez Valiente recogió suficientes pruebas para dictar los procesamientos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para ello”, delitos que prevéen penas de 6 a 20 años de prisión. Además, el magistrado trabó embargos a cada uno de los imputados por 500 mil pesos.
  La resolución fue apelada por el ex juez Virgilio Palud, defensor del colombiano Marín Hernández, que planteó la nulidad al entender que “no se le dio intervención al cónsul colombiano y no hubo testigos” en el procedimiento de detención y secuestro de drogas en la finca de San Javier.