Los vecinos de villa Moreno no permitirán que un espacio que se construyó desde el dolor y llegó al barrio para devolverles derechos y dignidad desaparezca de un día para otro. Y por esa razón están movilizados. Para oponerse al cierre del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de la Nación que funciona desde hace cuatro años y se convirtió en un servicio indispensable para el abordaje de distintas problemáticas sociales de la barriada. La gente apela a que los gobiernos municipal y provincial tomen cartas en el asunto y absorban su funcionamiento.
En el emblemático predio del club Oroño donde el 1º de enero de 2012 asesinaron a los militantes sociales Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, víctimas del triple crimen de villa Moreno, ayer se realizó una conferencia de prensa de la que participaron los principales damnificados del cierre del CAJ: los vecinos.
"Durante años vinieron muchos a este barrio para ayudar, pero el valor humano que mostraron ustedes para escuchar a la gente no lo hizo nadie", resumió emocionada Gladis Guglielme, de 70 y pico de años y residente de toda la vida en el barrio.
De la actividad participaron la abogada del CAJ Jésica Venturi, una asistente social, una psicóloga y un admnistrativo del espacio que cierra el gobierno de la Nación. En ese marco llegaron a brindar su apoyo los padres de los chicos asesinados en el triple crimen. Entonces el pastor Eduardo Trasante destacó que aunque para las autoridades el CAJ "representa un gasto, para los vecinos es un servicio".
Por su parte, Venturi puso el acento en que durante los cuatro años de trabajo de la institución se articularon políticas con la Municipalidad y la provincia. "La intendenta Mónica Fein no puede decir ahora que no tiene nada que ver, porque tanto el Estado local como el provincial se valieron de los servicios de CAJ. Que no haya participado de su apertura no la exonera de dar una respuesta. Ella y el gobernador (Miguel Lifschitz) lo tienen que hacer", replicó la profesional. Y advirtió que resultaría "un retroceso enorme porque en todos estos años los vecinos ganaron derechos, y ahora se los arrebatan".
Telegramas y repudio. La convocatoria formó parte de acciones que desplega el Movimiento 26 de Junio, con un fuerte trabajo social en ese territorio, para oponerse al cierre de la oficina que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que el 11 de marzo remitió los telegramas de despido.
El concejal del frente Ciudad Futura, Pedro Salinas, alertó sobre el retroceso social que significa cerrar el CAJ. "Tuvimos que ir a Buenos Aires para conocer las razones. Son bastantes cínicas, nos dan encuestas de victimización que indican que en zona oeste hay mayor vulnerabilidad social que en villa Moreno, lo cual nos pone a competir en esos términos, algo muy degradante".
Para el edil, cerrar el espacio es "desconocer abiertamente" el acuerdo con familiares de la víctimas de triple crimen. "La perspectiva por la lucha de reparación integral no tenía sólo que ver con alcanzar la verdad y la justicia en Tribunales, sino que el Estado aborde las condiciones estructurales de victimización como las que vivimos en carne propia el 1º de enero de 2012".
Recalcó que el otro aspecto alarmante es que al cerrar el CAJ también se clausura "una forma de implementar políticas públicas. El grupo tiene años de militancia y entabló un vínculo profundo con la comunidad, lo cual redunda en mayor cercanía con los casos, como la violencia de género o de familia".
"Hay un cinismo insostenible"
Ante las declaraciones del diputado nacional del PRO Lucas Incicco, quien dijo que Rosario mantendrá dos Centros de Acceso a la Justicia (uno en Arijón al 200 y otro en la zona noroeste), y que la demanda del CAJ de villa Moreno será "absorbida por un centro de atención itinerante", el concejal Pedro Salinas dijo que "es todo parte del cinismo insostenible que se inscribe en la gimnasia nacional de poner distintos nombre a las cosas. El aumento de precios es sinceramiento económico y el cierre del CAJ es atención itinerante", fustigó el edil. "Este es el cinismo con el que estamos discutiendo el cierre de un espacio institucional y estatal significativo".