Un comité del Ciadi, tribunal de arbitraje comercial del Banco Mundial, falló a favor del Estado nacional y anuló un laudo por el cual se había condenado a la Argentina a pagar más de 106 millones de dólares a las empresas Enron y Ponderosa.
  La decisión fue comunicada a última hora del viernes 30 de julio, cuando un comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), notificó a la Procuración del Tesoro su decisión de anular el fallo que favoreción a las firmas.
  Es la segunda determinación de este tipo que la Argentina recibe en poco menos de un mes. La anterior surgió luego de una demanda que presentó la empresa Sempra Energy y por la que el Estado fue condenado a pagar 128 millones de dólares.
  En este caso, Enron y Ponderosa son accionistas de la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS), y llevaron a la Argentina ante el tribunal internacional luego de que el gobierno rechazó un ajuste de las tarifas en dólares. Además, la demanda cuestionaba la pesificación de las tarifas.

Horrores. El tribunal arbitral dictaminó en mayo de mayo de 2007 contra el Estado argentino. Ante esa situación, la Procuración del Tesoro de la Nación pidió la reversión del laudo ante el comité de Anulación del Ciadi.
  En su fallo, el Comité resaltó que el tribunal que en su momento condenó a la Argentina se extralimitó manifiestamente en sus facultades, lo que constituyó causa de anulación.
   Señaló que el organismo no aplicó las normas del derecho internacional para definir la cuestión y comentó que el tribunal no dio a conocer los motivos de su decisión, otro causal de anulación.

Aguas Provinciales. El Ciadi también falló en las demandas presentadas por las Suez, Aguas de Barcelona e Interagua, principales accionistas de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe.
  Al respecto, un tribunal consideró que el Estado argentino no prestó un trato justo y equitativo a las inversiones, pero rechazó el reclamo de las compañías internacionales de que fueron víctimas de una expropiación directa o indirecta al pasar a manos estatales.
  El organismo del Ciadi no definió un monto correspondiente a la condena por daños y perjuicios. En el caso de Aguas Provinciales, la demanda presentada fue por 310 milones de dólares. l