Los Centros de Asistencia Judicial (CAJS) dependientes del gobierno provincial, una agencia creada para brindar asesoramiento a la comunidad y acompañar distintas instancias de un proceso, está sufriendo la migración de personal profesional, preferentemente abogados, lo cual resintió la estructura de servicios. Por eso, la repartición se mantiene en alerta y dispone paros parciales en reclamo de que se cubran las vacantes y se asignen recursos. Mientras que Rosario tendrá un solo letrado para asistir los casos, la ciudad de Santa Fe se quedará sin abogados.
Los CAJ comenzaron a brindar servicios en 2009 y fueron creado por el Ejecutivo a instancias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se convirtieron en punta de lanza para demostrar las bondades de nuevo sistema penal, en el marco de la reforma procesal que se pondrá en marcha en febrero de 2014, según anunciaron oficialmente.
Su objetivo es garantizar el acceso a la Justicia de los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, a quienes les ofrece contención, respuesta y acompañamiento, a víctimas de delitos sexuales, violencia doméstica y de género y homicidios en condiciones de extrema pobreza.
En las cinco agencias distribuidas en Rosario, Santa Fe, Tostado, Reconquista y Vera se pone a disposición de las víctimas la asistencia integral en el área legal, psicológica y social, donde se procura además cubrir demandas de familiares directos, siempre con el objetivo de garantizar los derechos a la información, la justicia y la reparación. Desde su creación hasta agosto pasado, el CAJ Rosario atendió 2.777 casos.
Pero, desde hace unos meses, la estructura del organismo se viene resintiendo. Creada para acercar la Justicia a la gente, ahora quedaría desarticulada por falta de planificación.
Es que los abogados de la dependencia, con salarios que no superan los 5 mil pesos y cuyo rol es fundamental, decidieron concursar cargos en el Poder Judicial para mejorar su situación profesional, y en tres meses abandonarán sus puestos.
Al ser una repartición de neto corte político, el conflicto no logró visibilidad. Pero, en un documento que publica la página oficial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), describen la precariedad laboral. Entre otros puntos, reclaman el pase a planta del personal contratado (con ingreso por concursos públicos), el cual tiene iguales responsabilidades y obligaciones que el de planta.
Además, solicitan la efectivización del suplemento ya aprobado y el tratamiento del adicional especifico, según el expediente iniciado en enero de 2013. Y la equiparación del salario a la canasta familiar, ya que el percibido actualmente no supera los 5 mil pesos.
Según destacan, a partir de la inminente puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, la casi totalidad de los abogados de las oficinas de Rosario y de Santa Fe seleccionados para el Ministerio Público de la Acusación y Defensa, se trasladarán para ocupar esos cargos en pocos meses.
La consecuencia directa es que la oficina local se quedaría con un sólo profesional (renuncian seis), mientras que el CAJ de Santa Fe directamente carecerá de abogados.
"Esta situación provocará un claro deterioro en las condiciones laborales de los profesionales que permaneceremos en la institución", advierten finalmente los empleados, que se mantienen en alerta, con dos días de paro por semana y a la espera de una respuesta de parte de las autoridades santafesinas.
Una tarea sensible
El CAJ es la única institución publica provincial con la facultad de querellar en nombre de la víctima. Y tiene el aval de representar a niños, niñas y adolescentes sin padres, tutores ni persona alguna que los represente. Ya asistió a víctimas y testigos de abuso sexual, homicidios y, en menor medida, violencia de genero, lesiones, amenazas, apremios, trata de personas, corrupción de menores, abuso de armas, daños, defraudación y usurpación.
