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Cayó por el crimen de un sargento y ventiló oscura trama narcopolicial

Revelaciones de un detenido. Miguel Angel F. fue apresado el jueves por el homicidio de Carlos Honores, ocurrido en enero de 2012. Tenía pedido de captura internacional.

Sábado 29 de Marzo de 2014

"Por favor, tengan piedad, déjenme ir. Esto es un asunto de mucha guita, me van a hacer mierda". La exclamación desesperada la vomitó Miguel Angel F., de 33 años, al ser descubierto hace dos días en una vivienda de la zona oeste de la ciudad y al cabo de más de dos años de permanecer prófugo. El hombre tenía pedido de captura nacional e internacional como uno de los autores materiales del asesinato del sargento Carlos Omar Honores, de 46 años, un caso muy oscuro, un evento criminal al que la policía rosarina, según los investigadores judiciales, contribuyó de buena gana a dejar en el misterio.

Esta es la primera novedad de relevancia en un hecho al que se alude como una caja de Pandora. Al ser llevado ayer a indagatoria por homicidio frente al juez Juan Andrés Donnola, Miguel Angel F. se abstuvo de hablar por consejo del defensor oficial Omar Loberse. Pero ese silencio contrastó con lo que le escucharon decir al atraparlo los efectivos de la Sección Capturas de la División Judicial de Rosario, quienes lo ubicaron el jueves a las 18.30 en una casa de 6 de Diciembre al 7000 (Riobamaba a esa altura).

Desacuerdos. Al reconocerse sin escapatoria, F. mencionó que el asesinato de Honores fue la consecuencia de "un desacuerdo por dinero proveniente del mundo narco en un negocio en el que estaban inmiscuidos dos oficiales superiores que por entonces trabajaban en la Unidad Regional II" y a los que mencionó por su nombre y apellido. "Esto fue un revoleo con plata de ellos, la discusión se pudrió y el tipo que estaba conmigo le disparó a Honores. En ese quilombo yo ligué un tiro en el pie", exclamó el detenido.

Esa explicación oficialmente no quedó en ningún lado. Pero aportaría un hilo de luz a un incidente donde todo es sombrío. Honores revistaba en la sección Sustracción de Automotores de la Unidad Regional II. El 5 de enero de 2012 recibió dos tiros frente a una estación de servicios de 27 de Febrero y avenida Circunvalación, de donde acababa de salir conduciendo una camioneta Totota Hilux de doble cabina que pocas horas después acabó incendiada en un descampado de Cabín 9. En el interior del vehículo se hallaron calcinadas dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros que era el arma reglamentaria del policía y un revólver calibre 32.

El sargento no tenía ninguna explicación para estar allí en servicio. Ni tampoco para saber que hacía a bordo de un vehículo costoso que no estaba a su nombre. Desde la Jefatura de Unidad Regional II, entonces a cargo de Néstor Arismendi, señalaron que se la había prestado un amigo comerciante.

En el expediente a cargo del juez Juan Andrés Donnola surge que Honores fue citado en el lugar por "un tal Miguel". Que se encontraron en la estación de servicios y entonces surgió una discusión con dos personas. Tras recibir los dos disparos, Honores bajó de la camioneta y corrió como desquiciado hacia una casa vecina. Irrumpió allí e intentó ocultarse bajo una cama. El policía llamó a su hijo y los desesperados moradores de la casa al 911.

Los investigadores judiciales tienen pocas dudas respecto de que Honores estaba entreverado en negocios ilícitos como robos o estafas con automotores. Suponen que era, además, un cobrador de dinero ilícito para sus superiores. "Un recaudador para arriba", en la voz de una fuente tribunalicia.

Sin ánimos. Dos meses después del asesinato de Honores, el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini recibió un escrito anónimo que denunciaba una vinculación de numerosos oficiales con mando en Rosario con los búnkers de drogas. Allí se conectaba el asesinato de Honores con el de Carlos Fajardo, hallado amordazado y con signos de tortura en el baúl de un auto en Carcarañá en diciembre de 2011. El anónimo incluía dos CD con presunta evidencia. El caso quedó en manos de la polémica jueza María Luisa Pérez Vara y el fiscal Carlos Covani (ver aparte).

El avance del trámite permitió a Donnola establecer que las personas implicadas en la muerte de Honores eran Miguel Angel F. y Jorge Daniel H., quien por ahora permanece prófugo. Pero las medidas requeridas —como allanamientos y acopio de evidencia— naufragaban sin resultado. En el tribunal advirtieron algo muy curioso: no había ningún ánimo de esclarecer el caso, siendo que el asesinato de un policía es algo que suele predisponer a sus camaradas a la acción más decidida.

En diciembre de 2012 Donnola en persona se hizo presente en la delegación de Interpol en la Policía Federal, en Buenos Aires, para pedir las capturas de Miguel F. y Jorge H. También se encargó de remitir el requerimiento a las policías de todas las provincias argentinas.

Miguel Angel F. tiene causas abiertas en la Justicia de Rosario y en Cañada de Gómez (la jurisdicción que abarca Carcarañá, donde mataron a Fajardo). Le atribuyen hechos de robo en forma reiterada, estafa y falsedad de documento privado y amenazas coactivas.

Como una tercera persona conectada con el homicidio, pero sin imputación formal, en Tribunales aluden a un hombre de apellido Blanco.

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