La defensa de Carlos Ascaíni apeló el procesamiento en el que se lo considera partícipe, junto al ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli, de una empresa criminal conjunta dedicada al narcotráfico. Los abogados señalan que la decisión es irracional porque el delito de comerciar estupefacientes en forma organizada, que es el atribuido, requiere de tres o más participantes al menos y la resolución solamente involucra a dos personas.

En rigor el juez federal Carlos Vera Barros considera que los implicados en ese delito son efectivamente cuatro. Los dos restantes son el comisario Néstor "Beto" Fernández y el cabo Carlos Quintana. Ambos están procesados como partícipes primarios de narcotráfico desde noviembre. Se les atribuye haber respondido a un pedido de Ascaíni —que tenía reputación por traficar drogas en su zona— sobre dos camionetas que lo perseguían. Quintana fue quien atendió su llamado en la comisaría de Villa Cañás y Fernández era el usuario de la clave utilizada para hacer la consulta que permitió saber que los vehículos eran de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El magistrado iba a indagar a Quintana y Fernández el lunes último para imponerlos de la nueva acusación. Tal cosa habría llevado a cuatro el número de actores del delito de narcotráfico organizado. Pero el trámite se suspendió porque los dos defensores lo recusaron. Lo cierto es que hasta el momento los formalmente procesados por narcotráfico organizado son dos. Y de eso se toma la defensa para señalar que la resolución viola el principio de legalidad

El teléfono. Los abogados de Ascaíni, José Nanni y Paul Krupnik, impugnan el fallo del juez por varios motivos. Señalan que todos están acusados por narcotráfico en una causa donde no hay droga secuestrada. "Es la primera causa por estupefacientes en la historia judicial argentina donde no hay estupefacientes". También dicen que les atribuye conformar una organización cuando no hay una sola prueba de diálogo o contacto entre cada uno de los cuatro.

También le señalan al juez que se contradice porque en su momento desistió del pedido del fiscal de atribuir un delito más grave a Fernández y Quintana. Y ahora hace eso, según los defensores, sin nueva prueba.

Le recuerdan además que en su momento rechazó el pedido de fiscal de llamar a indagatoria a Ascaíni a partir de las escuchas telefónicas por considerarlo evidencia insuficiente. Y que al final lo procesa en base a las escuchas.

Es significativo que los defensores también señalen que "no se prueba" que el teléfono intervenido que le atribuyen a Ascaíni sea efectivamente de él.

Por todos esos motivos señalan que la resolución contra Ascaíni es arbitraria, desajustada al derecho vigente y forzada. Le imputan al juez preguzgar y forzar los elementos de la causa para volcarlos contra su cliente. "La resolución es a todas las luces racionalizada al extremo, pero no es razonable, y mucho menos justa".