El diputado Marcelo Brignoni ratificó en sede judicial que en la Legislatura provincial había una preocupación manifiesta por la serie de interrogantes abiertos en el marco del proceso de traslado del puerto de Santa Fe. El legislador de Encuentro por la Democracia y la Equidad, relató en forma extensa y pormenorizada ante el juez Orlando Pascua, las inquietudes y sospechas institucionales que había en la Cámara de Diputados por la situación dominial de los terrenos donde se emplazará la nueva estación fluvial. El magistrado recibió el testimonio personal de Brignoni en el marco de la querella penal por injurias que entabló el dueño de diario El Litoral Gustavo Víttori contra el periodista y jefe de redacción de Diario UNO de Santa Fe, Pilo Monzón. El diputado provincial se explayó sobre las preguntas e interrogantes que surcaron por todos los bloques del recinto y que contaron con la unanimidad de las voluntades de los representantes de la Cámara. Entre ellos, y ratificando lo que informó desde su primera nota Diario UNO, la preocupación respecto de quienes eran los titulares de los terrenos donde se afincará el nuevo emplazamiento fluvial, tanto como los detalles del trabajo de la consultoría que monitoreó la reubicación del nuevo puerto y el posible impacto ambiental de la obra.
  En su declaración, Brignoni fue confirmando una a una, las situaciones y alternativas que se publicaron en el matutino santafesino fundando su testimonio en los pedidos de informes aprobados, rescatando además que sus autores tenían diferentes extracciones político partidarias. Es decir, que los había tanto del oficialismo como de la oposición parlamentaria.
  En sus dichos ante el juez Orlando Pascua, Brignoni detalló que “hubo tres pedidos de informes; uno encabezado por el ex diputado Antonio Bonfatti (PS, hoy ministro de Gobierno) quien junto a un grupo de diputados entre los que me incluyo, consultamos sobre la contratación y el trabajo de la consultoría. Otro del diputado Santiago Mascheroni (UCR) respecto al impacto ambiental de la obra y el tercer pedido de informes fue impulsado por el diputado Jorge Cura (PJ) relacionado al estudio dominial del lugar de instalación del puerto”. El encuadre dado por Brignoni, certificó la preocupación institucional existente en torno al neurálgico proceso que fue dado a conocer en su momento por diario UNO y por ende, que se trataba de un tema de intrínseco interés social y por ende, un hecho noticiable.
  Tan trascendente para la ciudad, la región y la provincia era la cuestión que “en la Legislatura hubo distintos debates institucionales y proyectos tratados. En ese contexto tuvieron lugar mensajes del Poder Ejecutivo Provincial referidos a este tema y al trabajo de la Unidad de Proyecto; y también hubo declaraciones de interés del cuerpo al respecto” abundó Brignoni.
  Ante los estrados del juzgado correccional de la Tercera Nominación, Brignoni certificó que en la megaobra están comprometidos partidas dinerarias “del Estado Nacional a través del Fonplata (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata) y aportes previstos por el Estado Provincial que serían del orden de los cuarenta millones de dólares”. Tras ratificar plenamente que el origen público de los fondos involucrados y la repercusión social del tema fueron parte de los fundamentos del tratamiento legislativo y de los pedidos de informes aprobados en la Legislatura provincial, Brignoni precisó aun más sus dichos en la sede tribunalicia. Agregó que “el concepto de interés público al que adhiero es aquel que plantea la necesidad de intervención, estudio y observación —como compromiso— tanto de los funcionarios públicos como de los medios de comunicación social, en todas las intervenciones estatales que por acción u omisión, modifican, mejoran o empeoran las condiciones de vida de los ciudadanos que como legisladores es nuestra obligación representar”.
  “Explícitamente planteo el concepto de mejorar o empeorar, ya que algunas intervenciones estatales en los últimos años no han representado una mejora por cuanto se priorizaron intereses sectoriales por sobre los intereses comunitarios” dijo el representante de Encuentro por la Democracia y la Equidad ante el magistrado interviniente. Y allí centró uno de las definiciones más importantes de la audiencia: “El tema de la relocalización del puerto lo considero doblemente de interés público por cuanto impacta sobre las condiciones sociales y productivas de la región y por ser una inversión considerable a nivel público”. Brignoni no se privó en la oportunidad de manifestar sus propias dudas y expectativas en torno a este tipo de iniciativas. Al respecto dijo no tener constancia “de cuales van a ser los aportes privados de los sectores empresarios que van a verse beneficiados con la obra. Esa situación fue y es una duda hasta aquí. De hecho por este tema, hay una resolución del cuerpo votada por unanimidad en el marco de la aprobación del expediente 18.095 (el pedido de informes presentado por el ex diputado (PJ) Jorge Cura)”. “Distintos medios de comunicación de la provincia, entre ellos Diario UNO, me consultaron sobre el mencionado expediente (18.095)” y todas las implicancias posibles que sus preguntas encierran sobre los dueños de esas tierras. Sin embargo, “no recuerdo haber sido consultado por el diario El Litoral” en estos temas, subrayó el legislador ante el juez Pascua.
  Brignoni, en la audiencia judicial por la querella penal entablada por Gustavo Víttori, propietario del vespertino capitalino contra el periodista y jefe de redacción de Diario UNO de Santa Fe Pilo Monzón, habló de la necesidad del respeto a la actividad periodística y defendió en forma encendida el derecho de los trabajadores de prensa a investigar a los actores sociales de una comunidad, los funcionarios públicos y el uso y destino de los dineros de la comunidad. Al respecto dijo que “tiene estado parlamentario un proyecto de declaración de mi autoría que prevé la adhesión institucional de la Cámara al proyecto de ley radicado en la Cámara de Diputados de la Nación para la despenalización del delito caratulado como calumnias e injurias. Esto es en virtud de la recomendación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA al Estado nacional” dijo Brignoni ante el juez Pascua. l