La Cámara Federal porteña resolvió que las tres querellas de la causa por la presunta venta ilegítima de Papel Prensa durante la ultima dictadura cívico-militar actúen por separado, al revocar una decisión del juez del caso que las había unificado de oficio.
La Sala I del tribunal revocó la resolución del juez Julián Ercolini y resolvió que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de los particulares Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover actúen por separado.
"No observamos que exista identidad o comunidad de intereses entre los distintos querellantes como para que proceda la unidad de representación ordenada", consideraron los camaristas. Y "mucho menos estimamos que el número de interesados importe un desvío de los fines del proceso", en el que están imputados la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble; su CEO, Héctor Magnetto, y el directivo del diario La Nación, Bartolomé Mitre.
Precisamente, las defensas de los tres últimos habían pedido a la Cámara la ratificación de la decisión tomada de oficio por Ercolini.
Pero en su voto, el camarista Eduardo Freiler consideró que no "ha sido exitosamente demostrado por las partes que la intervención de las víctimas en el proceso haya afectado la economía procesal ni la búsqueda de una mejor y más pronta administración de justicia".
"Por el contrario, los planteos formulados hasta el momento dan cuenta del legítimo ejercicio de las prerrogativas que la ley confiere a todas las partes por igual para actuar en juicio en defensa de sus derechos", agregó.
En el fallo se tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos por los querellantes en una audiencia oral realizada la semana pasada.
En la causa se investiga si la venta de Papel Prensa al grupo de diarios Clarín, La Nación y La Razón se concretó bajo el accionar represivo ilegal del Estado, mediante secuestros y torturas de los herederos del fallecido propietario David Graiver y sus socios, y a un precio vil.
Para eso el juez Ercolini dispuso un peritaje financiero para evaluar la cotización de las acciones en ese momento y el precio de venta, pero su inicio estaba demorado precisamente porque faltaba determinar cuántas querellas habría. También solicitó ser querellante la Unidad de Información Financiera (UIF), algo que ahora deberá decidir el juez.
La Secretaría de Derechos Humanos pidió el llamado a declaración indagatoria de los imputados, algo que el juez aún no resolvió mientras en el Juzgado analizan las copias de 13 actas secretas de la dictadura halladas en el subsuelo de un edificio militar y con referencias a la operación de Papel Prensa.
Por Mariano D'Arrigo
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