La idea que circula por Salud Pública municipal de crear un servicio para asesorar a las mujeres que planean o ya decidieron abortar no cayó demasiado bien en ámbitos católicos. Por eso ayer una activa militante antiabortista, la médica Verónica Baró Graf, salió a reclamar que esos espacios, a los que definió como de legalidad dudosa, incluyan la "campana pro vida" a través de profesionales o miembros de organizaciones con esa misma posición. Por su parte, la titular del Programa de Procreación Responsable del municipio, Elda Cerrano, le respondió breve y tajante: "La mortalidad materna es un problema de salud pública, que ya tiene a sus propios profesionales. Que las entidades católicas asesoren como quieran en sus consultorios".
La posibilidad de crear un servicio municipal de consulta para quienes atraviesan un embarazo no deseado y evalúan o ya decidieron interrumpirlo se hizo pública hace 15 días, tras un penoso operativo policial en una peluquería de Empalme Graneros donde se realizaban esas prácticas de modo clandestino y sin la menor condición de asepsia. La idea de abrir un espacio de esas características no es una originalidad por parte de la Secretaría de Salud Pública municipal, sino una iniciativa inspirada en experiencias similares que se encararon en otros lugares del mundo.
Por ejemplo en Uruguay, donde hace tres años se implementó un servicio pre y posaborto en todo el país, después de que se habilitara el primero sólo en Montevideo, con resultados muy alentadores. El año pasado apelaron al servicio 5 mil mujeres, de las que el 20 por ciento desistió de abortar y, lo más importante de todo, no se registró ni una sola muerte materna.
En contraste, el propio ministro de Salud de Santa Fe, Miguel Angel Cappiello, recordó que sólo en la provincia se produjeron durante 2009 once muertes por embarazo, de las cuales cinco se debieron a abortos realizados en condiciones inseguras.
Apoyos. El proyecto de habilitar un servicio de ese tipo en Rosario, todavía muy en pañales, cuenta con el apoyo del titular de Salud municipal, Lelio Mangiaterra, y de la directora del Programa de Procreación Responsable, alguien que lleva a cuestas una vastísima experiencia sobre la problemática.
Para Cerrano está claro que el primer objetivo es lograr que ninguna mujer se embarace si no lo desea y a esa meta apunta el programa, que ya nuclea al 40 por ciento de las pacientes de la red sanitaria municipal y sólo el año pasado entregó anticonceptivos orales a 30 mil mujeres.
Pero aun así los abortos clandestinos se siguen practicando y al sistema de salud sólo llegan cuando aparecen complicaciones severas, que ponen en peligro la vida de la mujer.
Por eso Cerrano defiende la apertura de un servicio de asesoramiento para que las mujeres accedan a información sobre riesgos y métodos seguros. "No podemos hacer abortos, pero sí informar", dijo, convencida de que quien ya decidió interrumpir un embarazo lo hará como sea, más cuando -como se viene viendo con cada vez más frecuencia- no se trata tanto de adolescentes como de mujeres adultas con hijos.
Pero para Baró Graf, que es una dirigente de la Red Familia, miembro del comité de bioética de la Universidad Católica Argentina y docente de la UNR, esa no es una alternativa válida.
Primero, dijo, porque "desde un punto de vista legal está mal planteado", ya que "sugerir el aborto sería anticonstitucional". Y si bien no calificó a la propuesta de Salud municipal como proclive a esa práctica, la inscribió dentro de "la cultura proaborto que se ve fuerte a nivel nacional para legalizarlo".
Así, afirmó, la idea de asesorar sobre los riesgos de un aborto inseguro "podría facilitar la oportunidad para impulsar la legalización". Por eso, reclamó que si se abren esos espacios se dé cabida a "una concepción a favor de la vida, no a favor de la muerte del niño ni de la mujer".
También embistió contra los médicos que sostienen otra postura. "Después de haber estudiado la carrera algo se les tiene que haber tergiversado en la mente para estar a favor del aborto", se quejó. Y fue más allá. "En una sociedad donde el aborto se vende como derecho no me asombra que cada vez más mujeres recurran a esa alternativa".
Así, en lugar de oponerse frontalmente a un servicio de asesoramiento ante embarazos no deseados, reclamó una silla para la visión "pro vida", donde se acerque a la mujer "una oferta categórica" a favor de la maternidad y, llegado el caso, se impulse la opción de dar a su futuro hijo en adopción.
Problema público. Cerrano respondió en forma breve y concisa. "La muerte materna que causa el aborto realizado en condiciones inseguras es un problema de la salud pública, que ya tiene sus propios profesionales" para atender el servicio que se propone, dijo. Donde además "nadie va a impulsar a nadie a esa práctica".
En este marco, exhortó a las organizaciones católicas a que "en sus consultorios particulares hagan lo que quieran".
