El gobierno de Cataluña pidió al Tribunal Constitucional español que no suspenda la consulta independentista no oficial del 9 de noviembre en la región del noreste de España.
El gobierno de Cataluña pidió al Tribunal Constitucional español que no suspenda la consulta independentista no oficial del 9 de noviembre en la región del noreste de España.
El Ejecutivo español de Mariano Rajoy la impugnó el viernes ante la corte, que esta semana decidirá si admite a trámite el recurso. En caso de hacerlo, la consulta quedará suspendida automáticamente durante cinco meses, mientras el Constitucional dicta sentencia. Rajoy estaría haciendo un "uso claramente desproporcionado y abusivo del derecho y de las prerrogativas que tiene el gobierno ante el Tribunal Constitucional", alegó el consejero de la Presidencia catalán, Francesc Homs.
El gobierno de Rajoy ya impugnó ante el Tribunal Constitucional el referéndum independentista que el jefe del gobierno catalán Artur Mas había convocado sin permiso debido el 9 de noviembre.Suspendido por la corte al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo español, Mas desistió de celebrarlo, pero anunció una consulta alternativa "sin carácter oficial" para la misma fecha y con las mismas preguntas para medir el sentimiento independentista en la región. Al no ser oficial, la nueva consulta carece de censo previo y los votantes tendrán que inscribirse antes, así como de las medidas de supervisión y control habituales en los procesos de votación.
El consejero Homs alegó asimismo que el gobierno español "considera de forma errónea que es la continuidad del referendo suspendido" y que debería haber presentado por consiguiente un "incidente de ejecución". Por esto, el gobierno central incurre en un "evidente abuso de poder" y cuestiona las competencias de la Generalitat catalana en cuanto refiere a participación ciudadana. Preguntado por si habrá "9-N" si el tribunal lo suspende, Homs respondió que está "convencido" de que este proceso, organizado con miles de voluntarios, va a permitir que "la gente se pueda expresar" y ha añadido: "Esto se puede hacer y se hará". De modo que la respuesta parece ser afirmativa: la consulta se haría aún si fuese prohibida por el Tribunal Constitucional.Homs ha apuntado que el gobierno español ha presentado un recurso nuevo para tener una "suspensión automática" del 9-N, limitando así las alegaciones de la otra parte (la Generalitat), por lo que, a su juicio, el Ejecutivo "hace abuso de derecho de una prerrogativa". Así, pretende impedir un proceso participativo asentado sobre "derechos fundamentales como libertad de expresión e ideológica".