Cataluña afronta hoy un día clave en el proceso independentista: los partidos secesionistas aprobarán una resolución en el Parlamento catalán para dar inicio formal al proceso "de desconexión jurídica" del resto de España. El documento, que llama a desobedecer la ley española, fue acordado por las dos fuerzas separatistas representadas en la Cámara: la coalición Junts pel Sí del presidente catalán Artur Mas, y el partido anticapitalista CUP. A la vez, más tarde, se intentará consagrar nuevamente como presidente a Artur Mas, quien por ahora no tiene las voluntades suficientes, algo que podría llevar a convocar nuevamente a elecciones anticipadas.
Los 62 diputados de Junts pel Sí y los 10 de la CUP garantizan con su mayoría absoluta la aprobación de la declaración, que será impugnada por el gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. "Tendremos todas las capacidades para parar cualquier movimiento que pretenda romper la unidad de España . Ningún gobierno del PP y menos el de Mariano Rajoy va a permitir este desafío soberanista", dijo en Valencia el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Procedimiento. El Parlamento catalán fijó para hoy a las 10 horas el pleno en el que se debatirá y aprobará la resolución independentista. Rajoy pedirá previsiblemente mañana un informe al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo de España. Ese mismo día podría reunirse el gabinete de ministros en sesión extraordinaria para dar luz verde a la impugnación ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo español espera que el alto tribunal suspenda de forma cautelar la resolución, al igual que ocurrió hace un año con la convocatoria de la consulta soberanista impulsada por Artur Mas, que también fue recurrida por Rajoy y suspendida por el Constitucional.
Según el diario El País, el gobierno "tiene todo preparado y estudiado para actuar si se precitaran iniciativas independentistas en Cataluña". Sin embargo, entiende que la resolución que se aprobará hoy en el Parlamento de Cataluña no tiene fuerza ejecutiva, aunque considera que debe recurrirla "porque abre la puerta a una situación que desborda la Constitución e incita a violar el Estado de derecho incumpliendo leyes y sentencias". Posibles actos que se deriven de la resolución serían pasos concretos, como la creación de instituciones propias, mencionadas en la resolución. Estos supuestos requieren proyectos de ley y tramitación parlamentaria que difícilmente pueden completarse antes de que haya un gobierno surgido de las elecciones generales del 20 de diciembre.
La resolución que se aprobará hoy habla de tramitar en 30 días leyes como las de seguridad social y de hacienda pública. Pero, a pesar de esos plazos el gobierno de Mariano Rajoy prevé que no se puedan tomar esas decisiones hasta después de las elecciones generales. Por un lado porque precisan de trabajos y trámites previos antes de llegar al Parlamento de Cataluña, como por ejemplo el informe del Consejo Consultivo catalán.
Sobre la resolución de hoy, aunque la previsión del gobierno es que cualquier actuación de enfrentamiento corresponderá ya al futuro Ejecutivo, sí ha estudiado todas las posibilidades como una aplicación remota y limitada del artículo 155 de la Constitución. Por ejemplo, para asumir competencias de seguridad en Cataluña. Esa medida la adoptaría la Diputación Permanente del Senado.
Tramitación forzada. El gobierno español adelantó el viernes que actuará inicialmente contra la presidenta del Parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, quien forzó la tramitación urgente de la declaración secesionista. Forcadell aseguró e que llegará "adonde sea para cumplir el mandato democrático de las urnas", en referencia a las elecciones catalanas del 27 de septiembre. Este punto, sin embargo es muy discutible: el 27 no se logró la mayoría absoluta de los votos en favor de la opción independentista. Sólo por la asignación de bancas, y sumando a los extremistas de CUP, la coalición de Mas logró la mayoría absoluta en el Parlamento. Y aún allí tiene el problema pendiente de lograr un acuerdo para designar el nuevo Ejecutivo (ver aparte). Según una encuesta publicada por el diario "El Periódico de Catalunya", el 51,9 por ciento de los catalanes rechaza que el Parlamento impulse actos de desobediencia. El 46,5 por ciento aboga por la celebración de un referéndum pactado, como el que se celebró en Escocia el pasado año.
La reelección del presidente sigue lejos de definirse
Las gestiones independentistas está condicionadas a que se logre finalmente elegir al nuevo presidente de la Generalitat, algo que se demora por la falta de acuerdo entre las dos formaciones independentistas, Junts pel Sí y CUP. Es que las elecciones regionales adelantadas del pasado 27 de septiembre, a las que Artur Mas presentó como un referendo sobre la independencia, no tuvieron un resultado tan neto como esperaban los independentistas. De ahí la necesidad de contar hoy con los votos de CUP. Este pequeño partido desecha por ahora reelegir a Mas al frente de la “Generalitat”. La situación se mantiene bloqueada, lo que abre dudas sobre la gobernabilidad de Cataluña y crea la perspectiva de que se deba llamar nuevamente a elecciones.
Hoy por la tarde se celebrará en el Parlamento catalán la primera sesión de investidura de Artur Mas, quien para revalidar su cargo necesita una mayoría absoluta que la CUP no está dispuesta a facilitarle. “Estoy frente a una pared muy dura”, dijo Mas a una compañera de partido ante los micrófonos de la televisión pública española.
La CUP, que no ve con buenos ojos al conservador Mas, votará hoy en contra de su investidura y podría reclamar otro candidato, según la prensa española. Suenan varios nombres, como el de Raul Romeva, un “ecosocialista” que en septiembre fue cabeza de lista de Junts pel Sí, o Neus Munté, actual vicepresidenta en funciones del gobierno catalán. Si se llegara al 10 de enero y no hubiera presidente, la ley prevé la convocatoria automática de elecciones anticipadas, que se celebrarían en marzo. Desde la CUP aseguraron que no prevén este escenario, que sería muy peligroso para los soberanistas.