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Casos dudosos en la provincia con más litigiosidad laboral del país

El 70 por ciento de los expedientes que se tramitan en juzgados de trabajo son demandas por riesgos contra las aseguradoras.

Lunes 15 de Septiembre de 2014

En lo que va de 2014 casi el 70% de los expedientes que ingresaron a los juzgados laborales de Rosario son demandas contra ART por riesgos de trabajo. “Es como si de golpe se hubiera enfermado o accidentado la mayor parte de la población laboral de la ciudad”, dice la jueza laboral Nº 1, Susana Perkins. La provincia de Santa Fe tiene la marca de litigiosidad laboral más alta del país: por cada 10 mil trabajadores cubiertos hay 212 juicios esperados en 2014. En muchas de esas demandas, apunta la magistrada, asoman maniobras que se perciben como fraudulentas, lo que originó en junio pasado una presentación de varios jueces laborales rosarinos a la Fiscalía Regional para impulsar investigaciones penales.
  Estas anomalías se perciben tan alevosas que la semana pasada estuvieron en Tribunales dos abogados de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que dirige Juan González Gaviola, compulsando expedientes en todos los juzgados del fuero para hacer una auditoría.

Complicidades.  “Es auspicioso que haya ART manifestando la gravedad del problema pero, evitando generalizar, es destacable que sin la complicidad de las ART estos niveles de fraude serían de concreción imposible, porque la plata la ponen ellos”, señala la jueza Perkins.
  ¿A qué se refiere la magistrada? A que durante años fueron notorios los convenios entre un trabajador demandante y una ART por accidentes dudosos. “Venían a homologar acuerdos con un papelito firmado por el médico de la ART certificando la lesión, con cheques con el 60% para el damnificado y el 40% para el estudio jurídico emitidos el mismo día. Eran situaciones tan irregulares que en 2012 adoptamos una serie de exigencias para homologar convenios. Frente a esa exigencia hubo una asamblea en el Colegio de Abogados proponiendo que se nos hiciera juicio político”, relata la jueza.
  Esa reacción, creen en el fuero laboral, fue promovida por estudios “caranchos”, incómodos con que se pusieran al descubierto las demandas arteras generadoras de ingresos jugosos en base al descontrol.
  El abogado Juan Carlos Mosquera, de la ART La Segunda, coincide: “Estamos desbordados por la judicialidad de los casos. Advertimos en riesgos de trabajo estas acciones fraudulentas: hechos inexistentes o simulados para lograr un beneficio económico disparando la cobertura”. El asegurador plantea que un ojo experto advierte rápidamente el fraude en falsos accidentados.

Armados con bisturí. “Vemos cortes prolijos, mas propios del bisturí que de la lesión que produce un puntazo de arma blanca, heridas que no son distintivas de una reacción defensiva en un robo, disparos en una mano desde muy corta distancia, casi apoyados en la palma, donde la lesión será menos grave. Hemos recurrido a la comisión médica diciendo «esto es fraude» y los médicos responden «traigan evidencia porque la lesión está»”.
  El planteo se debe a que en materia laboral si surge una hipótesis de fraude se la debe demostrar en sede penal para cancelar una indemnización. De otro modo el orden público vela por los derechos garantizados de los trabajadores, que no se pueden perforar con un acuerdo de partes sin aval judicial, no hay caducidad de instancia y rige el principio in dubio pro operario (ante la duda prevalece el planteo del trabajador).
  “Si la aseguradora le cobra al empleador un 2% sobre masa salarial, si tiene una secuencia de accidentes laborales por los cuales debe responder le dirá a la empresa que del 2% pasará a cobrar el 8%. En los dos últimos años por los cien pesos que cobro estoy poniendo por juicios perdidos 140. Tengo que aumentar la alícuota o no soy viable. La ART tiene que dar toda la prestación médica que corresponde, pagar los salarios del trabajador hasta que se rehabilite y si le quedó una secuela del accidente un cheque por ese daño”, indica Mosquera.
  El gerente de la ART dice que es sorprendente la cantidad de demandas por lesiones de miembros inferiores. “Se denuncia un robo rumbo al trabajo. No suele haber testigos ni verificación policial de ocurrencia del delito. Luego se paga”, dice Mosquera. “Hace falta un compromiso mayor de la Justicia para desbaratar estas situaciones reiteradas”, afirma.
  Algo parecido dice la jueza Perkins: “No tenemos que relajar los controles porque esto conspira contra la protección del trabajador”. El lugar donde posar los ojos es un campo profesional donde abogados de estudios honorables conviven “con chicos de 30 años que tienen cien clientes y en poco tiempo hicieron fortunas”.

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